Cómo funciona la regulación digital en la región y sus desafíos
La regulación digital en América Latina opera bajo un modelo que, a menudo, responde a estructuras de mercado segmentadas ya inexistentes, lo que crea desafíos significativos para su eficacia y para el desarrollo tecnológico. La falta de armonización entre los países de la región eleva los costos de cumplimiento para las empresas y dificulta la escalabilidad de soluciones innovadoras. Maryleana Méndez, Secretaria General de ASIET, ha advertido que esta regulación desfasada limita la inversión, perpetuando así la brecha digital que aún afecta a 244 millones de personas, el 32% de la población regional, sin acceso a internet. Aunque el 80% de la población urbana está conectada, las zonas rurales muestran brechas de hasta 50 puntos porcentuales.
Las acciones regulatorias son diversas y variadas por país. Por ejemplo, Perú anunció el bloqueo de 360,000 celulares no registrados en junio, una medida para combatir el crimen. En Brasil, Anatel abrió una consulta pública para 32 iniciativas regulatorias para 2027-2028, mostrando un enfoque proactivo. Este país también ha dado 60 días a las plataformas para adaptarse a nuevas reglas de responsabilidad por contenido de terceros, y Apple habilitó en Brasil la instalación de aplicaciones y procesamiento de pagos de terceros en iPhones, siendo el primer mercado de América Latina en ver este cambio regulatorio significativo.
Por sectores, las telecomunicaciones son particularmente afectadas. Los operadores destinan entre el 1.3% y el 3.7% de su masa salarial solo al cumplimiento regulatorio. Un caso emblemático es Argentina, donde una propuesta de fusión entre Telecom y Telefónica enfrentó condiciones regulatorias estrictas, incluyendo la cesión de 6 millones de clientes móviles y la devolución de 130 MHz de espectro, lo que ilustra el poder y la complejidad de las decisiones de los reguladores nacionales.
La ciberseguridad es otro frente crítico. Más del 40% de las empresas latinoamericanas ha sufrido fugas de datos, y un 12% ha experimentado incidentes por baja inversión en esta área, siendo las infraestructuras críticas las más atacadas (27%). Casos como el robo de 10 millones de dólares al Banco de Chile en 2018 o el ataque a Televisa en México en 2020 demuestran la vulnerabilidad regional.
En cuanto a las plataformas digitales e Inteligencia Artificial (IA), el debate se centra en la gestión de riesgos, la protección de datos y los derechos de autor, así como en la definición de autoridades de vigilancia, según Mario Castaño, Director de Cintel Colombia. La contribución económica de la IA en 17 países de LatAm ascendió a 70,748 millones de dólares en 2023, equivalente al 1.11% del PIB regional, con un 44% de la fuerza laboral potencialmente afectada. Sin embargo, como advierte Natalia Zuazo, especialista en política y tecnología, existe el riesgo de que la IA se convierta en una herramienta de control si no se implementan políticas públicas innovadoras y participativas.
Qué cambia para los profesionales tech y empresas en América Latina
El panorama regulatorio en constante evolución en América Latina impone una serie de cambios y desafíos directos para los profesionales tecnológicos y las empresas del sector. En primer lugar, el cumplimiento regulatorio se vuelve más complejo y costoso. Las empresas deben invertir en equipos especializados y herramientas tecnológicas para monitorear y adaptarse a las normativas cambiantes. Victoria Vargas de Esko, destaca que la tecnología basada en IA es fundamental para reducir errores y sobrecostos en la gestión del cumplimiento regulatorio, convirtiéndose en una aliada estratégica para los departamentos legales y de operaciones.
En el ámbito de la ciberseguridad, la presión es inmensa. Con más del 40% de las empresas latinoamericanas sufriendo fugas de datos, la inversión en defensas robustas ya no es una opción, sino una necesidad imperante. Los profesionales tech deben estar al tanto de las últimas amenazas y soluciones, e implementar protocolos estrictos de protección de datos, especialmente ante el avance de nuevas leyes de privacidad.
Para los desarrolladores y empresas de Inteligencia Artificial, la entrada en vigor de nuevas leyes y directrices éticas es inminente. El debate regional sobre la IA se enfoca en la gestión de riesgos, la protección de datos y los derechos de autor. Esto significa que los productos y servicios de IA deberán diseñarse con la privacidad desde el diseño (privacy-by-design) y la transparencia algorítmica en mente. Las deficiencias técnicas en la implementación de leyes de IA, como ha señalado Carlos Guerrero en Perú, demuestran la necesidad de que los profesionales tech no solo entiendan la teoría, sino también la ejecución práctica de estas normativas.
La estrategia de inversión y expansión también se ve alterada. Países con mejor calidad regulatoria atraen hasta un 64% más de inversión en telecomunicaciones. Esto impulsa a las empresas a evaluar cuidadosamente los entornos normativos antes de comprometer capital. Además, las plataformas digitales que buscan expandirse en la región deben estar preparadas para adaptarse a regulaciones específicas de cada país, como el caso de Apple en Brasil o las reglas de responsabilidad de contenido.
Finalmente, la persistencia de la brecha digital ofrece tanto un desafío como una oportunidad. Universalizar la banda ancha en la región costaría el 0.12% del PIB anual, pero abriría mercados para servicios digitales. Los profesionales tech tienen la oportunidad de innovar en soluciones que no solo cumplan con la regulación, sino que también contribuyan a la inclusión digital y al desarrollo sostenible de la región.
Qué viene después: tendencias y próximos pasos en la política digital regional
El futuro de la política digital en América Latina apunta hacia una mayor consolidación de marcos regulatorios, pero con un énfasis crítico en la flexibilidad y la armonización. Expertos como Maryleana Méndez, Claudia Bustamante de CRC Colombia y Mariana Gómez de OMR El Salvador, coinciden en la necesidad de regulaciones “habilitadoras” que fomenten la inversión y la competitividad, en lugar de obstaculizarlas. Esto implica un esfuerzo conjunto de los gobiernos para modernizar legislaciones que, en muchos casos, son previas a la era digital y que no consideran las complejidades del mercado actual.
Se espera una intensificación en la regulación de la Inteligencia Artificial. El debate regional seguirá centrándose en cómo gestionar los riesgos inherentes, proteger los datos y derechos de autor, y establecer autoridades de vigilancia competentes. Países como Brasil ya están avanzando con regulaciones más estrictas sobre la responsabilidad de las plataformas, y es probable que otros sigan un camino similar, buscando un equilibrio entre la innovación y la protección ciudadana. La implementación de estándares éticos y de seguridad para la IA será clave.
La protección de datos continuará siendo una prioridad, especialmente ante el aumento de ciberataques y fugas de información. La evolución de leyes de privacidad y ciberseguridad será constante, exigiendo a las empresas una vigilancia continua y una inversión proactiva en infraestructura y formación. Esto también impulsará el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras en ciberseguridad, un área con gran potencial de crecimiento en la región.
Finalmente, la región buscará consolidar el gobierno digital. Países como Chile, que se ubica en el top 10 global con una puntuación de 0.79, seguido por Colombia (0.71) y Costa Rica, servirán de referencia. La digitalización de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones serán esenciales para cerrar la brecha digital y mejorar la eficiencia estatal. Esto significa que DPL Spotlight Política Digital Weekly y publicaciones similares seguirán siendo herramientas vitales para el monitoreo continuo de estas tendencias, informando sobre las 32 iniciativas regulatorias de Anatel o cualquier otro movimiento que defina la próxima década digital de América Latina.
