Sin embargo, la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) presenta una imagen menos alentadora. El financiamiento público en I+D en América Latina y el Caribe se sitúa alrededor del 0.62% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra significativamente inferior al promedio global del 1.8% y muy lejos del 3% que destinan los países desarrollados. Esta disparidad en la inversión es un freno considerable para el desarrollo de capacidades tecnológicas propias y la innovación local.
En cuanto a la infraestructura digital, la penetración de Internet en empresas alcanzó, en 2018, más del 90% en una muestra de ocho países latinoamericanos. No obstante, la adopción de servicios digitales avanzados varía drásticamente; mientras que la banca electrónica era utilizada por el 95.4% de las empresas en Colombia, en Perú apenas llegaba al 34.2%. Esta brecha en el uso efectivo de la tecnología resalta que la mera conectividad no garantiza una transformación digital homogénea.
La penetración general de Internet en la región promedió el 79% en 2020, un avance notable pero aún por debajo del 88.3% de la OCDE. Un dato crucial es que las microempresas, que en muchos países representan el 90% del total de unidades productivas, enfrentan mayores barreras para la adopción y apropiación de tecnologías, lo que limita su competitividad y su capacidad de escalar. Finalmente, la Inteligencia Artificial (IA) ha entrado con fuerza en la agenda regulatoria, con 27 países de la región ya desarrollando normativas o proyectos regulatorios específicos sobre esta tecnología.
Analisis de la tendencia
La tendencia más clara que emerge del monitoreo de la política digital en América Latina es una carrera por establecer marcos regulatorios que puedan tanto fomentar la innovación como mitigar los riesgos asociados a la rápida evolución tecnológica. El “semáforo regulatorio” de DPL News no solo informa, sino que también refleja una creciente conciencia sobre la necesidad de una regulación ágil y prospectiva.
La Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2024) de la CEPAL es un testimonio de esta proactividad, estableciendo 31 objetivos en cuatro ejes estratégicos: digitalización universal e inclusiva, transformación digital productiva y sostenible, bienestar social y nuevas alianzas digitales. Esta iniciativa subraya el reconocimiento de que la digitalización debe ser una herramienta para el desarrollo equitativo y sostenible, no solo un fin en sí mismo.
La baja inversión en I+D es una señal de alerta. Si bien la región se esfuerza por adoptar y usar tecnologías, la capacidad de generarlas y adaptarlas localmente es limitada. Esto perpetúa una dependencia de soluciones tecnológicas extranjeras, lo que, como señala el contexto, implica una “imposición implícita de infraestructura digital extranjera” y plantea desafíos a la soberanía digital.
La proliferación de proyectos regulatorios en áreas como protección de datos, identidad digital (como DIDI en Argentina) y blockchain, indica una maduración en la comprensión de la gobernanza digital. Sin embargo, la regulación del comercio digital y la adopción tecnológica por parte de las PyMEs aún tropiezan con la falta de capacidad técnica y la fragmentación normativa. La discusión sobre la regulación del uso de redes sociales en jóvenes, impulsada por expertos de varios países como Panamá y Costa Rica, es otro indicador de la preocupación por los impactos sociales del alto consumo digital.
Contexto regional
América Latina se encuentra en una encrucijada digital, con la
