Ataques globales vs. desafíos regionales
La ola de ciberataques de 2026 ha tenido resonancia tanto a nivel global como en la esfera regional de América Latina, aunque con matices y consecuencias específicas para cada contexto. A nivel internacional, incidentes de gran magnitud han acaparado titulares y han generado alarmas de seguridad sin precedentes. Uno de los más preocupantes ha sido la filtración de datos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en Estados Unidos, que expuso la base de datos de la Seguridad Social, potencialmente la mayor en la historia del país. Se alega que DOGE subió esta información a un servidor de terceros inseguro, conteniendo números de Seguridad Social y datos personales de la mayoría de los estadounidenses. Adicionalmente, se investigan denuncias de empleados que compartieron indebidamente datos sensibles y de un exingeniero que copió información a una unidad USB para su nuevo empleador privado.
Otro punto de inflexión fue el compromiso de sistemas de vigilancia federales en EE. UU. El FBI declaró un incidente cibernético importante en abril tras una violación que expuso números de teléfono de objetivos, atribuyendo la culpa a espías chinos. La ATF también confirmó un ataque en agosto, con un grupo de ransomware reclamando acceso a sus sistemas de investigación.
La infraestructura crítica no ha sido inmune. El FBI y la EPA emitieron un aviso en julio de 2026 sobre ciberactores que atacan dispositivos de Tecnología Operacional (OT), específicamente controladores lógicos programables (PLC) de Rockwell Automation/Allen-Bradley, en el sector de Agua y Aguas Residuales en al menos siete estados. Grupos vinculados a China también han sido señalados por atacar infraestructura militar y crítica. Otros incidentes relevantes incluyen el secuestro de decenas de miles de cuentas de Instagram vía el chatbot de IA de Meta, la brecha de IDScan con fotos de 150 millones de conductores, y la brecha de DentaQuest, la mayor filtración de datos de salud del año, afectando a 15 millones de personas.
En contraste, América Latina ha enfrentado un panorama igualmente desafiante, a menudo con una infraestructura y marcos regulatorios menos robustos que la exponen a riesgos únicos. En México, por ejemplo, el “Chronus Group” exfiltró 2.3 terabytes de datos de al menos 25 instituciones gubernamentales en enero de 2026, afectando a 36 millones de ciudadanos. Otro incidente reportado en febrero por UpGuard impactó al SAT y otras agencias con ~150GB de información sensible. En Colombia, Ecopetrol sufrió el robo de información corporativa en julio de 2026 por el grupo de ransomware “The Gentlemen”, afectando a 15 empresas de su grupo. El mismo grupo atacó a Oleoductos del Valle (Oldelval) en Argentina en agosto de 2026, si bien sin interrupciones en el transporte de crudo. Uruguay también fue impactado en mayo de 2026 por “La Pampa Leaks”, comprometiendo el servicio de identidad patrocinado por el gobierno (Antel) y exponiendo 5.8 millones de registros. Estos casos subrayan que los gobiernos, la atención médica y las finanzas son objetivos principales en la región, debido al alto valor de sus datos y la prevalencia de infraestructura legada.
Los datos hablan
Los números confirman la severidad de la situación. El costo promedio de un incidente de ciberseguridad en América Latina alcanzó los US$4.65 millones, el más alto en los últimos siete años, según un informe de IBM de 2026. Este costo se eleva a US$4.88 millones por incidente en la industria energética, un sector especialmente crítico. Estos datos evidencian el impacto económico directo y la necesidad urgente de inversión.
Las empresas de la región están reaccionando: el 69% de las compañías en América Latina esperan un aumento en sus presupuestos de ciberseguridad en 2026. El mercado de ciberseguridad en la región, valorado en USD 23.52 mil millones en 2025, se proyecta crecer a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 6.9% de 2026 a 2034, alcanzando USD 42.88 mil millones. Sin embargo, este crecimiento en inversión no siempre se traduce en una mayor madurez operativa, como advierten algunos expertos.
Los ataques han aumentado aproximadamente un 25% en la última década en América Latina, lo que demuestra una tendencia sostenida y preocupante. En 2025, se registraron 452 incidentes de ransomware en la región, con 28 dirigidos a gobiernos, 36 a la salud y 16 a finanzas. Brasil fue el país más afectado con 130 víctimas, un claro indicador de la actividad cibercriminal localizada y global.
Qué significa para Latam
La realidad de los ciberataques de 2026 exige una reflexión profunda sobre la preparación de América Latina. La región ha mostrado avances en regulación, pero también persisten brechas significativas. Chile es un referente con su Ley de Ciberseguridad 21.663 de 2024, inspirada en la directiva NIS2 europea. México, aunque cuenta con un Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2030, carece de legislación específica para infraestructura crítica, a pesar de debatir un proyecto de ley para proteger datos personales de menores en plataformas digitales. Colombia trabaja en enmiendas a su ley de protección de datos personales y ha fortalecido la protección contra el robo de identidad con la Ley 2573 de 2026. Guatemala vio su Iniciativa 6347 (Ley de Ciberseguridad) avanzar a una tercera lectura en abril de 2026.
Expertos como Luis Gorgona de RSM Costa Rica señalan que, si bien hay inversión, el desafío para América Latina es “traducir esa inversión en capacidades de gobernanza y gestión de riesgos”, especialmente con la rápida adopción de la tecnología en la nube y la inteligencia artificial, que incrementan la superficie de ataque. Nicolás Mucci de IBM América Latina agrega que en el sector energético, la disponibilidad crítica de los sistemas eleva significativamente el nivel de riesgo de los ciberataques. Fabio Assolini de Kaspersky observa la emergencia de un ecosistema cibercriminal latinoamericano con grupos locales que entienden el panorama geopolítico regional y se enfocan en la “extorsión pura” mediante la exfiltración masiva de datos.
La dependencia creciente de la nube y la adopción de IA hacen que la ciberseguridad sea una cuestión de urgencia. Las empresas medianas en la región están aumentando la inversión, pero la “brecha de madurez” en la gobernanza de esas inversiones sigue siendo un obstáculo. Ante la sofisticación de los ciberactores estatales y los ciberdelincuentes, la nueva estrategia del FBI, que busca formalizar y acelerar las operaciones colaborativas para desmantelar actividades de hacking maliciosas, ofrece un modelo de cómo la cooperación internacional puede ser clave en esta lucha constante.
