Los números clave
La decisión del MinTIC no es improvisada. Previamente, el borrador de la normativa estuvo disponible para comentarios entre el 23 de abril y el 19 de mayo de 2026, un periodo en el que se recibieron 100 observaciones de 15 interesados, lo que refleja un debate activo y la relevancia del tema para el sector.
Los datos recientes sobre conectividad en Colombia subrayan la urgencia y el potencial impacto de esta medida. Según cifras del gobierno, la conectividad rural en el país ha experimentado un crecimiento notable, pasando del 32.2% de los hogares en 2022 a un 56.9% en 2025. Este incremento de 24.7 puntos porcentuales es un avance considerable. A nivel nacional, la penetración del servicio de internet en hogares colombianos escaló del 59.5% al 73.9% en el mismo período, lo que se traduce en más de 3.5 millones de viviendas conectadas y 10.1 millones de personas adicionales con acceso.
En el ámbito educativo, el impacto es aún más palpable: 19.544 sedes educativas rurales han sido conectadas, una cifra 4.5 veces mayor que hace apenas tres años, beneficiando directamente a 1.5 millones de estudiantes. Estos esfuerzos han permitido reducir la brecha digital entre áreas rurales y urbanas en cerca de 30 puntos porcentuales. Sin embargo, los desafíos persisten. En 2024, el costo sigue siendo el principal obstáculo para el 49.7% de los hogares rurales sin conexión, mientras que la falta de cobertura afecta al 10.9% de estas zonas, según la investigación adicional.
Cabe destacar también la reciente asignación por parte del MinTIC de 10 permisos para el uso del espectro en la banda de 900 MHz a comunidades organizadas y pequeños ISP, una medida complementaria que busca directamente conectar municipios apartados.
Análisis de la tendencia
La compartición de espectro representa una tendencia global hacia un uso más eficiente y adaptativo de los recursos radioeléctricos. En un contexto donde la demanda de conectividad sigue creciendo exponencialmente y el espectro es un bien finito, las regulaciones que promueven su uso compartido son cruciales. Esta política colombiana refleja un entendimiento de que las estrategias tradicionales de asignación exclusiva, a menudo limitadas por la capacidad de inversión de grandes operadores en zonas de baja densidad poblacional, no son suficientes para alcanzar la universalización del acceso.
El modelo colombiano abre la puerta a una mayor participación de actores regionales y comunitarios. Al permitir que pequeños ISP y organizaciones locales accedan a frecuencias que de otro modo estarían subutilizadas por grandes operadores en ciertas áreas, se fomenta un ecosistema más competitivo y descentralizado. Esto no solo democratiza el acceso a la infraestructura, sino que también estimula la innovación local y la creación de soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad. Es un cambio de paradigma de la mera expansión de infraestructura a una "conectividad con propósito", como ha enfatizado Carina Murcia, ex-ministra TIC, quien ha señalado que el objetivo es brindar herramientas y conocimientos más allá del simple acceso.
La Agencia Nacional del Espectro (ANE), entidad que realizó estudios previos sobre este régimen de compartición, ha respaldado la medida, anticipando una mayor eficacia en el uso del espectro y una promoción activa de la conectividad en zonas deficientes. Sergio Sotomayor, director de la ANE, ha destacado que esta normativa facilitará acuerdos de colaboración entre operadores, esencial para llevar servicios básicos a las comunidades rurales. Este análisis del sector concuerda con la visión de que la conectividad es una infraestructura nacional esencial y que el futuro de las telecomunicaciones requiere una regulación flexible que incentive la inversión y la competencia, vigilando al mismo tiempo la concentración del mercado.
Contexto regional
La iniciativa de Colombia se enmarca en un desafío continental. América Latina enfrenta una significativa brecha de conectividad rural, con aproximadamente 72 millones de habitantes en 26 países que aún carecen de acceso a internet en estas zonas, según datos regionales. La compartición de espectro emerge como una herramienta fundamental para abordar esta problemática en una región con vastas extensiones geográficas y diversos niveles de desarrollo de infraestructura.
Colombia, de hecho, se posiciona como uno de los líderes en la asignación de espectro para redes móviles en la región, habiendo asignado 805 MHz en el primer semestre de 2024, un dato que la sitúa a la par de países como Brasil y Uruguay. Sin embargo, el país andino también presenta una de las brechas de conectividad urbano-rural más elevadas, con una relación de 3.0, superior a la de otras naciones con mayor ruralidad, donde esta relación se sitúa hasta en 2.7 veces. Esto resalta la magnitud del reto que Colombia intenta superar con medidas como la compartición de espectro.
La diversidad de enfoques regulatorios es palpable en la región. Mientras Colombia opta por la compartición, otros países como Chile, Brasil, República Dominicana, Uruguay y Argentina han avanzado con subastas de espectro 5G, cada uno con sus propias estrategias para fomentar la inversión y la expansión de servicios. El modelo colombiano podría servir como un valioso laboratorio para evaluar la eficacia de la compartición de espectro en la reducción de la brecha, ofreciendo lecciones aplicables a otros países con retos similares.
Perspectiva a futuro
La habilitación de la compartición de espectro IMT en Colombia tiene el potencial de redefinir la estrategia de conectividad rural en el país y, por extensión, en la región. A corto plazo, se espera que el decreto impulse la formación de nuevas alianzas y modelos de negocio entre operadores establecidos y actores emergentes. La capacidad de pequeños ISP y comunidades para acceder a un recurso tan crítico como el espectro podría acelerar el despliegue de redes en zonas donde la rentabilidad para grandes empresas es limitada.
Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de varios factores. El MinTIC y la ANE tendrán un rol crucial en la supervisión de los acuerdos de compartición, garantizando que se cumplan los objetivos de cobertura y que no se generen distorsiones en la competencia del mercado. También será vital la capacidad de los actores locales para desarrollar la infraestructura necesaria y ofrecer servicios de calidad a precios asequibles. Como se ha señalado, el costo sigue siendo un impedimento importante para casi la mitad de los hogares rurales sin conexión.
A largo plazo, esta política podría consolidar la conectividad como un derecho fundamental y una infraestructura nacional indispensable para el desarrollo económico y social de Colombia. Si el modelo demuestra ser efectivo, podría inspirar a otras naciones latinoamericanas a explorar soluciones similares, adaptadas a sus propios contextos regulatorios y socioeconómicos. La experiencia colombiana ofrecerá una visión clave sobre cómo las regulaciones flexibles y proactivas pueden catalizar la inclusión digital, preparando el terreno para futuras tecnologías y una sociedad más equitativa.
