El DL 701 es responsable en gran medida de que Chile haya forestado aproximadamente 2.5 millones de hectáreas, de las cuales un notable 59% se estableció con su apoyo. Antes de su implementación, en 1974, el país apenas contaba con entre 300.000 y 400.000 hectáreas de plantaciones. Esta explosión forestal no solo ha consolidado a Chile como un actor relevante en la industria celulósica y maderera, sino que también ha generado un profundo y polarizado debate sobre los costos ocultos de este desarrollo. La discusión es particularmente relevante ahora, ya que el legado del DL 701 sigue moldeando las políticas de desarrollo y sostenibilidad, en un contexto regional donde la deforestación y la gestión forestal son temas críticos.
Cómo funciona: Mecanismos y Consecuencias
El DL 701 operó a través de poderosos incentivos. El más significativo fue la bonificación de hasta el 75% de los costos de plantación, sumado a exenciones de impuestos a la propiedad y una reducción del 50% en impuestos a la renta. Aunque estos beneficios directos caducaron el 31 de diciembre de 2012, la norma legal como tal permanece vigente, lo que prolonga su influencia en la estructura de propiedad y uso de la tierra. Este marco propició un ambiente extremadamente favorable para la inversión en el sector, atrayendo a grandes actores y consolidando el modelo de monocultivo de especies exóticas como el pino y el eucalipto.
Sin embargo, la eficacia del DL 701 como motor de la industria forestal ha sido cuestionada por sus impactos. Mientras que gremios como ACOFORAG (Colegio de Ingenieros Forestales) lo defienden como una de las políticas públicas más exitosas de Chile, destacando su contribución al empleo y al desarrollo de una industria sofisticada, otros estudios pintan un panorama más sombrío. Una investigación conjunta de la Universidad de Concepción, Stanford y la Universidad de California, Santa Bárbara, publicada en Nature Sustainability, reveló impactos negativos significativos en el medio ambiente entre 1986 y 2011. Este estudio concluyó que el DL 701, lejos de aumentar el almacenamiento de carbono, disminuyó el bosque nativo y aceleró la pérdida de biodiversidad.
La crítica principal, sostenida por la AIFBN y Fundación Terram, se centra en que el decreto incentivó la sustitución del bosque nativo por monocultivos exóticos. Se estima que, si bien la sustitución directa del bosque nativo representó aproximadamente el 10% del aumento de las plantaciones, el 90% restante se debió a otros factores como el bajo valor de la tierra y su inexpropiabilidad. Esta expansión generó erosión por tala rasa y, según Flavia Liberona de Fundación Terram, aumentó el riesgo de incendios forestales, como los devastadores eventos de 2017 y 2023, que afectaron alrededor de 500.000 hectáreas de plantaciones. Además, se critica que las grandes forestales, como CMPC y Arauco, reinvirtieron sus ganancias fuera del país, limitando el beneficio local a largo plazo.
Qué cambia para los profesionales tech y la sostenibilidad regional
Para los profesionales tech y los interesados en la sostenibilidad en América Latina, el caso del DL 701 chileno ofrece lecciones cruciales. Aunque es un marco legislativo específico, los desafíos que subyacen a su implementación —la tensión entre desarrollo económico y conservación ambiental, la gestión de recursos naturales y los impactos de las políticas de uso del suelo— resuenan profundamente en toda la región. La expansión forestal, así como la deforestación, son fenómenos comunes en América Latina, donde la agricultura, la ganadería, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras son los principales motores de la pérdida de bosques.
En este contexto, la tecnología juega un papel fundamental. Los profesionales tech están llamados a desarrollar y aplicar soluciones innovadoras para un manejo forestal más sostenible y equitativo. Esto incluye sistemas de monitoreo remoto utilizando satélites y drones para detectar cambios en el uso del suelo, identificar la deforestación ilegal o evaluar el estado de las plantaciones. El desarrollo de plataformas de datos geoespaciales y herramientas de análisis predictivo puede ayudar a los gobiernos y las comunidades a tomar decisiones informadas sobre la planificación territorial y la prevención de desastres, como los incendios forestales. Además, la implementación de tecnologías blockchain para la trazabilidad de productos forestales puede asegurar cadenas de suministro responsables y transparentes, combatiendo la tala ilegal y apoyando a pequeños y medianos propietarios. Proyectos como los de Rainforest Alliance con sus “Aliados Forestales” en la Amazonía o la Selva Maya, demuestran cómo la tecnología y el manejo comunitario integrado pueden proteger los bosques naturales, brindando alternativas al modelo extractivo impulsado por políticas como el DL 701.
Qué viene después: Hacia una nueva política forestal
El futuro del sector forestal chileno y, por extensión, las lecciones para la región, apuntan hacia una revisión profunda de las políticas existentes. Christian Little C., Director Ejecutivo de CONAF, ha abogado por la derogación del DL 701 para dar inicio a un nuevo proceso de desarrollo forestal más sostenible y equitativo. Esta postura es compartida por senadores como Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti, quienes se han opuesto a cualquier prórroga del decreto, argumentando que ha causado “enormes estragos” ambientales, sociales y políticos. Proponen, en su lugar, una nueva institucionalidad forestal sustentable y un servicio forestal público robusto.
El desafío radica en diseñar un nuevo instrumento de fomento que priorice a los pequeños y medianos propietarios forestales, definidos por la Ley 20.283 con predios de hasta 200 hectáreas (ampliables a 500 o 800 en ciertas regiones y activos de hasta 3.500 UF). Este enfoque busca evitar la concentración de tierras y beneficios que caracterizó al DL 701. Expertos como el Dr. Antonio Lara de la Universidad Austral de Chile refuerzan la necesidad de esta reforma, citando la evidencia científica que demuestra la inconveniencia de la aplicación del DL 701 y cómo ha exacerbado conflictos territoriales.
Los próximos pasos implican un debate legislativo crucial, donde la ciencia, la economía y la justicia social deberán converger para forjar una política forestal que equilibre la producción con la conservación, la equidad con la eficiencia. La atención estará puesta en cómo Chile logra transitar de un modelo heredado de la dictadura a uno que refleje los valores de sostenibilidad y resiliencia para el siglo XXI, sentando un precedente importante para otros países latinoamericanos que enfrentan desafíos similares en la gestión de sus vastos recursos forestales. La implementación de tecnologías avanzadas para la modelización, monitoreo y gestión de ecosistemas será clave en este camino, brindando a los tomadores de decisiones herramientas más robustas para evitar errores del pasado y construir un futuro más verde y equitativo.
