Los numeros clave
El despliegue de centros de datos en India es monumental. Gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, Google y Meta han prometido miles de millones de dólares en inversiones. OpenAI, por su parte, se ha asociado con Tata Group en una joint venture, mientras que conglomerados indios como Adani Group y Reliance Industries han comprometido $100 mil millones y $110 mil millones respectivamente. En total, las inversiones anunciadas por los hiperescaladores estadounidenses y locales superan los $300 mil millones, con los actores de EE. UU. aportando $67.5 mil millones de esa cifra.
El mercado indio de centros de datos está en una trayectoria de crecimiento explosivo, proyectado para pasar de $10 mil millones en 2025 a $22 mil millones para 2030, según análisis del sector. La capacidad instalada se espera que aumente de 1.8 GW en la primera mitad de 2026 a más de 6.7 GW para 2030. Sin embargo, este crecimiento tiene una huella de recursos significativa. A nivel global, los centros de datos consumieron aproximadamente el 1.5% del consumo eléctrico mundial en 2024, una cifra que se proyecta duplicar para 2030. En India, la demanda de electricidad de estos centros se multiplicará por ocho, pasando de 11 teravatios-hora en 2025 a 91 teravatios-hora en 2035.
El consumo de agua es igualmente alarmante. Se estima que los centros de datos en India consumirán 358 mil millones de litros anuales para 2030. Un solo centro de datos hiperescala puede demandar hasta 19 millones de litros de agua al día. En cuanto a la ocupación de terrenos, la huella de los centros de datos en India crecerá de 27 millones de pies cuadrados en el primer semestre de 2026 a más de 101 millones de pies cuadrados para 2030. Un ejemplo claro es Visakhapatnam, donde se están construyendo instalaciones de 8.7 GW en 2,151 acres de tierra. Para atraer esta inversión, el gobierno indio ha ofrecido un “tax holiday” (exención fiscal) de 21 años, hasta 2047, a las empresas extranjeras que utilicen servicios de centros de datos en el país.
Analisis de la tendencia
La rápida expansión de la infraestructura digital en India revela una tendencia preocupante: el progreso tecnológico a menudo se logra a expensas de las comunidades y el medio ambiente. La noticia de Rest of World es corroborada por otras fuentes, como el Business & Human Rights Resource Centre, que reportó en mayo de 2026 que la expansión se produce con “pocos miramientos” por los impactos acumulativos. Ejemplos de desalojos forzosos, como el de 650 hogares en Jai Bhim Nagar en junio de 2024, y la presión sobre familias Dalit en Visakhapatnam por terrenos destinados a un campus de Google, ilustran la magnitud del problema.
El impacto ambiental no se limita al uso masivo de agua y energía. El Environmental Reporting Collective, en febrero de 2026, señaló que el gobierno indio ha pospuesto el retiro de centrales eléctricas antiguas y aprobado nuevas plantas de carbón para garantizar el suministro ininterrumpido a los centros de datos. Esto contrasta dramáticamente con las comunidades cercanas, que a menudo carecen de acceso regular a estos recursos básicos. Las protestas, como las reportadas por Mint en Thane y Visakhapatnam en agosto de 2026, surgen de preocupaciones legítimas sobre el uso del suelo, la contaminación acústica y la disponibilidad de agua y electricidad.
Expertos en India critican las evaluaciones ambientales de los centros de datos, describiéndolas como “poco más que un trámite burocrático” sin una evaluación acumulativa de sus impactos reales. Pradeep Krishnatray destaca una divergencia fundamental: mientras la ONU, a través de su Secretario General Antonio Guterres, enfatiza los costos ambientales y pide transparencia a las empresas tecnológicas sobre su “huella ambiental oculta”, India ve los centros de datos como un pilar clave para su soberanía económica. Este conflicto de intereses pone de manifiesto la complejidad de la situación.
Además, Steven Gonzalez Monserrate, investigador, desafía el mito de la creación de empleo. A pesar de las promesas de las empresas sobre beneficios económicos y puestos de trabajo, los centros de datos, una vez construidos, generan pocos empleos directos y altamente especializados. Esta realidad contribuye a una “falta de confianza” entre las comunidades y la industria, según el Instituto Aapti, impulsando aún más las protestas. Un estudio en EE. UU. reveló que el 71% de los estadounidenses no apoyaría la construcción de un centro de datos de IA en su área local, citando preocupaciones ambientales.
Kranthi Bathini, de WealthMills Securities, observa que estas protestas locales están retrasando la ejecución de proyectos y han llevado a una disminución en la frecuencia y tamaño de la inversión extranjera en centros de datos en India, lo que demuestra que la licencia social para operar es un factor crítico para los inversores.
Contexto regional
Latinoamérica no es ajena a esta tendencia y sus desafíos. La región se ha consolidado como un destino clave para la expansión de la infraestructura digital, impulsada por la creciente adopción de la computación en la nube y la digitalización de economías. Las inversiones en centros de datos en Latinoamérica se proyectan en más de $9 mil millones entre 2021 y 2027. La capacidad instalada alcanzó 1.1 GW en 2025, lo que representa un aumento del 20% interanual. Se espera que la inversión anual casi se duplique, pasando de $5 mil millones en 2023 a casi $10 mil millones para 2029.
Brasil lidera la región con 206 centros de datos y el 37.3% de la capacidad regional, seguido por México y Chile, con un 11.6% cada uno. Querétaro, en México, se ha consolidado como un hub principal, con cerca de 20 proyectos en desarrollo. Sin embargo, este crecimiento trae consigo los mismos riesgos observados en India. Las comunidades en Latinoamérica también experimentan conflictos socioambientales debido al uso intensivo de agua y energía, la ocupación de tierras y el ruido constante de estas instalaciones. En Querétaro, por ejemplo, comunidades cercanas a centros de datos ya reportan cortes de agua y problemas de suministro eléctrico más frecuentes, reflejando el “lado oscuro” de este boom tecnológico que traslada los costos ambientales a las regiones en desarrollo.
La regulación regional presenta un panorama variado. Mientras países como Chile y Brasil están más avanzados en la formulación de normativas, Argentina, por ejemplo, carece aún de regulaciones específicas para los mega centros de datos, aunque el gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, la infraestructura energética y hídrica de la región no avanza al ritmo de la demanda, generando restricciones y posibles conflictos futuros.
Perspectiva a futuro
El futuro de los centros de datos en India y, por extensión, en Latinoamérica, estará marcado por una tensión creciente entre el impulso por la infraestructura digital y la necesidad de sostenibilidad social y ambiental. La demanda global de servicios digitales y de IA continuará su ascenso, asegurando una expansión constante de los centros de datos. Sin embargo, la ola de protestas y el escrutinio público aumentarán, forzando a las empresas y gobiernos a considerar con mayor seriedad los impactos de sus proyectos.
Es previsible que haya una mayor presión para que las políticas públicas evolucionen, incluyendo evaluaciones ambientales y sociales mucho más robustas, mecanismos de compensación justos y transparentes, y una participación comunitaria significativa en la toma de decisiones. La adopción de tecnologías más eficientes, el uso de energías renovables y la implementación de principios de economía circular en la construcción y operación de estos centros serán cruciales. Para los inversores, el factor de la “licencia social para operar” se convertirá en un riesgo cada vez más tangible, capaz de retrasar o incluso detener proyectos, como ya se observa en India.
Para Latinoamérica, el desafío es equilibrar la atracción de inversión y el crecimiento económico con la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades. Será fundamental que los gobiernos de la región aprendan de las experiencias de India, estableciendo marcos regulatorios proactivos que anticipen y mitiguen los impactos negativos, en lugar de reaccionar cuando los conflictos ya estén arraigados. La transparencia y la rendición de cuentas serán pilares para un desarrollo digital que no deje a nadie atrás.