Los números clave
La inversión de Estados Unidos en su “muralla virtual” es colosal. El Congreso ha asignado cerca de 70 mil millones de dólares en fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta 2029, de los cuales 3.45 mil millones se destinan específicamente a tecnología de seguridad fronteriza para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los planes para las torres de vigilancia autónomas se estiman en 6.2 mil millones de dólares a lo largo de su vida útil, y la CBP proyecta gastar otros mil millones de dólares para desplegar 1,497 torres adicionales para el año 2034. A principios de 2024, la CBP ya había desplegado 396 de estas torres de vigilancia.
Sin embargo, la efectividad de esta inversión para salvar vidas es seriamente cuestionada por los datos. La investigación de MIT Technology Review mapeó cerca de 4,000 ubicaciones donde se encontraron restos humanos contra las casi 600 torres de vigilancia existentes. El hallazgo es alarmante: más de 1,050 personas murieron dentro del alcance de estas tecnologías entre 2015 y principios de 2026. Desglosando aún más, desde 2021, más de 110 personas han fallecido cerca de las modernas torres autónomas de la empresa Anduril, y casi 350 personas dentro del alcance de las torres de Elbit desde 2015.
La cifra total de muertes en la frontera es aún más sombría. USAFacts documenta que al menos 8,000 migrantes indocumentados han perdido la vida intentando cruzar la frontera desde 1998, con causas frecuentes como el calor extremo, ahogamientos y caídas. La Patrulla Fronteriza estadounidense estima más de 10,000 muertes desde el año 2000, una cifra que muchos expertos, incluyendo la Southern Border Communities Coalition (SBCC) y la ACLU de Texas, consideran subestimada. Estos grupos han registrado 371 muertes en “encuentros fatales” con agentes de la Patrulla Fronteriza solo desde enero de 2010.
Análisis de la tendencia
La paradoja es clara: a medida que Estados Unidos invierte más en tecnología de vigilancia, el número de muertes en la frontera no disminuye, sino que parece incrementarse, o al menos persistir en niveles alarmantes. Esta tendencia revela un patrón en el que la tecnología, en lugar de ser una herramienta de salvamento, está contribuyendo a una crisis humanitaria. Los expertos señalan que la sofisticación tecnológica de la frontera empuja a los migrantes a rutas aún más remotas y peligrosas, donde las condiciones ambientales son extremas y el riesgo de fatalidad es mayor. Como lo resume Sam Chambers de la Universidad de Arizona, “la vigilancia equivale a la muerte” porque fuerza a los migrantes a tomar decisiones desesperadas para evitar la detección.
La investigación también expone fallas sistémicas en la implementación y operación de estas tecnologías. Se documentaron casos de torres averiadas, algoritmos que no logran detectar a personas en peligro y, crucialmente, agentes de la Patrulla Fronteriza que no responden adecuadamente a las alertas generadas por el sistema. Esta falta de respuesta y eficacia no solo pone en tela de juicio la capacidad operativa de la “muralla virtual”, sino también la responsabilidad de las autoridades.
Expertos en privacidad, como Paromita Shah de Just Futures Law, han expresado una profunda preocupación de que la tecnología, en lugar de ser una solución neutral, amplifica las prácticas existentes y las lleva a un nuevo nivel de intrusión y potencial discriminación. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ha criticado la falta de datos fiables por parte de la CBP sobre las muertes y la inconsistencia en la presentación de informes al Congreso, lo que dificulta una evaluación precisa de la situación y la rendición de cuentas. Funcionarios de administraciones anteriores han admitido no tener conocimiento de análisis comparables sobre las muertes cercanas a la “muralla virtual” ni haber investigado formalmente si la vigilancia debería haber detectado a las víctimas.
Contexto regional
Esta tendencia de militarización y tecnificación de la frontera estadounidense tiene profundas implicaciones para América Latina. En un fenómeno conocido como “externalización de la frontera”, Estados Unidos está trasladando la carga del cumplimiento de la ley de inmigración a países vecinos, principalmente México. Esto significa que naciones latinoamericanas, a menudo con recursos limitados e infraestructuras menos desarrolladas, se ven obligadas a gestionar flujos migratorios cada vez mayores, lo que aumenta la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito.
Además, la tecnología de vigilancia desarrollada y utilizada por EE. UU. no se limita a su territorio. Existe una creciente adopción y exportación de estas herramientas a países latinoamericanos. Un ejemplo claro es el uso de tecnologías biométricas, como la aplicación CBP One, que emplea GPS y reconocimiento facial. Esta aplicación, si bien presentada como una herramienta de gestión, representa riesgos significativos para los derechos fundamentales, como la privacidad, de los migrantes y solicitantes de asilo de América Latina. El intercambio de estos datos biométricos entre gobiernos podría constituir una violación crítica de derechos, especialmente para poblaciones ya vulnerables.
Los impulsores de la migración desde Centro y Sudamérica hacia la frontera de EE. UU. y México son complejos y multifacéticos, incluyendo la violencia, la pobreza endémica y la inseguridad económica que persisten en la región, llevando a niveles sin precedentes de desplazamientos. En este contexto, la implementación de tecnologías emergentes de vigilancia, como los dispositivos biométricos y algoritmos de IA, está contribuyendo a una mayor discriminación y exclusión, a menudo basada en factores como el origen étnico y la nacionalidad, perpetuando ciclos de desigualdad.
Perspectiva a futuro
De cara al futuro, la expansión de la “muralla virtual” parece inevitable. El DHS planea casi triplicar el número de torres de vigilancia en las fronteras, pasando de 830 a 2,300 para 2034, con una inversión adicional estimada en mil millones de dólares. Esto sugiere que el debate sobre la eficacia y la humanidad de estas tecnologías continuará siendo central, tanto en Estados Unidos como en los países de la región que adoptan o son impactados por ellas.
La investigación de MIT Technology Review no solo identifica los problemas, sino que también propone una serie de mejoras críticas. Sugiere una auditoría completa de las muertes en la frontera, mejorar el seguimiento y la recopilación de datos de los decesos, registrar las aprehensiones impulsadas por la tecnología e investigar formalmente las muertes como posibles fallas del sistema de vigilancia. Estas medidas son fundamentales para establecer la responsabilidad y, potencialmente, salvar vidas. La Black Alliance for Just Immigration (BAJI) y varias clínicas legales también han presentado informes detallando cómo la IA perjudica desproporcionadamente a los migrantes de color, proponiendo cambios bajo el marco de los derechos humanos internacionales.
Mientras tanto, la postura oficial de la CBP y otras autoridades fronterizas se mantiene firme en la defensa de la tecnología como una herramienta necesaria para la seguridad nacional y la detección de personas en peligro, atribuyendo la mayoría de las muertes a los traficantes de personas y a los riesgos inherentes del cruce ilegal. Sin embargo, la creciente evidencia y las críticas de expertos y grupos humanitarios exigen una reevaluación profunda de cómo se despliega y gestiona esta tecnología, y si realmente está cumpliendo con su prometido rol de proteger vidas o si, por el contrario, está exacerbando una crisis humanitaria a la vista de una “muralla virtual” cada vez más poderosa pero ineficaz en su propósito más básico: la protección de la vida humana.
