Los numeros clave
Los datos que rodean este debate son contundentes y reflejan la complejidad del desafío. La CRT aprobó los controvertidos lineamientos en marzo de 2026, y bajo la Condición 10.2, Telmex debe presentar un programa de expansión rural cada cuatro años. Financieramente, el costo promedio de una suscripción mensual de internet fijo en México asciende a 32.35 dólares (aproximadamente 654 pesos mexicanos), posicionándose como uno de los más elevados de la región. Para contextualizar, este valor supera a los 24.86 dólares de Perú, los 20.47 dólares de Colombia, los 21.86 dólares de Chile y los 21.18 dólares de Brasil. A pesar de una reducción del 52.9% en el precio del internet en México en los últimos 10 años, pasando de 742 a 349 pesos, los usuarios mexicanos aún destinan, en promedio, el 3.5% de sus ingresos a servicios de conectividad. Esta cifra casi duplica el 2% recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para una conectividad asequible. En términos de infraestructura y mercado, Telmex maneja aproximadamente el 33% de las líneas fijas, un segmento que, es importante señalar, se encuentra en declive. Por otro lado, la red 5G de Telcel, parte del mismo grupo América Móvil, cubría 125 ciudades y 12.3 millones de suscriptores a finales de 2024, lo que demuestra la capacidad de inversión del grupo en segmentos rentables, pero también subraya la distinción de las obligaciones de servicio universal de Telmex.
Analisis de la tendencia
La tendencia que se observa es una profunda desconexión entre los objetivos de política pública y las herramientas regulatorias aplicadas. La exigencia de ampliar la conectividad en zonas rurales sin un mecanismo de financiamiento compartido distorsiona el mercado y penaliza la inversión. Expertos como Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, han calificado la separación funcional de Telmex como "innecesaria" y una "regulación trasnochada", argumentando que no solo no resuelve el problema, sino que, de hecho, retrasa la cobertura en áreas rurales y el despliegue de tecnologías avanzadas como el 5G. La regulación asimétrica, pensada para fomentar la competencia en un mercado concentrado, se convierte en un lastre cuando se aplica simultáneamente con obligaciones de servicio universal de esta magnitud y naturaleza. Si bien el concepto de servicio universal es fundamental para garantizar el derecho de todos los mexicanos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la interrogante clave radica en quién debe financiarlo y bajo qué condiciones de sostenibilidad. Analistas del sector señalan que Telmex, con un mercado de líneas fijas en declive, enfrenta una situación financiera precaria, exacerbada por un pasivo laboral significativo y equipos de telefonía obsoletos, lo que hace aún más desafiante su capacidad de inversión en nuevas infraestructuras no rentables.
Contexto regional
La situación de México contrasta notablemente con el panorama general en América Latina. La brecha digital sigue siendo una preocupación latente en la región: según el Banco Mundial (2023), el 74% de los hogares urbanos tienen acceso a internet fijo, pero este porcentaje cae drásticamente al 42% en las zonas rurales. Para combatir esta disparidad, la gran mayoría de los países latinoamericanos ha optado por modelos de Fondos de Servicio Universal (FSU). Estos FSU son mecanismos financieros que se nutren de contribuciones obligatorias de múltiples operadores del sector, buscando fomentar el despliegue de infraestructura en áreas donde la viabilidad comercial es limitada. De hecho, el 85% de los países latinoamericanos ha implementado este modelo para financiar proyectos de expansión de infraestructuras. El concepto de servicio universal en la región también ha evolucionado, pasando de centrarse en la telefonía fija a priorizar el acceso a la banda ancha. La complejidad reside en la vasta geografía de la región, la dispersión de la población rural y el bajo poder adquisitivo de muchas de estas comunidades. Mientras que países como Perú, Chile o Colombia distribuyen la carga entre varios actores, la experiencia mexicana de imponer casi exclusivamente a un solo operador bajo un régimen de regulación asimétrica, como se ha señalado en informes de Telefónica y Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA), representa una divergencia significativa del consenso regional.
Perspectiva a futuro
Mirando hacia el futuro, la sostenibilidad del modelo actual impuesto a Telmex es una de las mayores incógnitas. La capacidad de una sola empresa para soportar la inversión en infraestructura de servicio universal en áreas no rentables, mientras se enfrenta a un mercado de líneas fijas en declive y una regulación asimétrica, plantea serias dudas sobre la viabilidad a largo plazo. Esta situación podría no solo frenar el despliegue de conectividad en zonas marginadas, sino también impactar la capacidad de Telmex para modernizar su propia infraestructura y competir eficazmente en otros segmentos, incluido el 5G. Es crucial que la CRT reevalúe el marco regulatorio para encontrar un equilibrio más equitativo y eficiente que fomente la inversión y la expansión de la conectividad. La adopción de un modelo de Fondo de Servicio Universal, similar al que predomina en el 85% de los países latinoamericanos, podría ser una solución más justa y efectiva, distribuyendo la carga entre todos los operadores y aprovechando el dinamismo del mercado para alcanzar los objetivos de política pública. Sin una revisión profunda, México corre el riesgo de ralentizar el avance hacia una conectividad universal y asequible, creando un precedente que otros mercados en crecimiento de la región podrían observar con cautela.
