Estos recortes se producen en un contexto donde la brecha digital en México sigue siendo un desafío considerable. Más de 20 millones de personas mayores de seis años en el país no tienen acceso a internet. El Programa de Cobertura Social 2026 identificó 9,364 localidades prioritarias que aún carecen de cobertura, afectando a aproximadamente 2.85 millones de personas. Si bien CFE Telecomunicaciones ha reportado avances, como la instalación de 3,824 torres de comunicación, más de 108,000 puntos de Wi-Fi gratuito y 27,284 kilómetros de fibra óptica hasta 2025, la reducción drástica de su financiación genera una incertidumbre palpable sobre la sostenibilidad y expansión de estos esfuerzos. Incluso, el número de puntos de venta de tarjetas SIM de CFE Internet para Todos disminuyó de 240 a 201 en el último año, según datos de Expansión e ITSitio.
Análisis de la tendencia
La tendencia que revelan estos números es preocupante: una despriorización financiera de los proyectos de conectividad pública en México. El programa “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” fue concebido como una pieza central de la estrategia gubernamental para asegurar el acceso a internet para todos los mexicanos, especialmente en zonas rurales y marginadas. Sin embargo, la trayectoria presupuestaria reciente sugiere una reconsideración, o quizás una limitación de recursos, que contradice el ambicioso objetivo inicial.
Analistas del sector han expresado su inquietud. Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, considera que un menor ritmo de expansión de CFE Telecomunicaciones pone en entredicho el avance de un proyecto que es clave para reducir la brecha digital. Subraya la importancia de que la conectividad universal sea tratada como una política de Estado, inmune a vaivenes económicos o cambios de administración, en lugar de estar sujeta a criterios puramente comerciales o de rentabilidad. La Subsecretaria de Egresos de Hacienda en México, Bertha Gómez Castro, ha afirmado que la propia CFE avaló el recorte tras una valoración interna, asegurando que no afectaría sus operaciones esenciales, como gastos de operación, mantenimiento y personal. Sin embargo, esta afirmación no disipa las dudas sobre el impacto en la expansión y la capacidad de llegar a las poblaciones más desatendidas.
Marcial Díaz, consultor del sector energético, aunque se refirió al presupuesto general de CFE, indicó que cualquier ajuste llega en un “momento crítico”. Sus comentarios resaltan el aumento de la demanda eléctrica impulsada por fenómenos como el nearshoring y la proliferación de centros de datos, lo que podría estar desviando la atención y los recursos hacia otras prioridades dentro de la empresa estatal.
Contexto regional
La situación en México resuena con desafíos comunes en toda América Latina. La brecha digital en la región no es solo de cobertura, sino también de demanda y asequibilidad. A pesar de que el 87% de la población latinoamericana vive al alcance de una señal 4G, el uso real de esta tecnología es de solo el 37%. Esto significa que existe una “brecha de demanda” significativa, donde 31% de la población regional (aproximadamente 190 millones de personas) vive en zonas con cobertura pero no accede a internet, según ITSitio y El Imparcial.
La baja conectividad en estratos de bajos ingresos y los altos costos del servicio limitan drásticamente el acceso. Los planes de datos y los dispositivos suelen superar el umbral del 2% del ingreso familiar mensual para planes de 1GB, haciéndolos inasequibles para muchos. Además, la conectividad rural sigue siendo una asignatura pendiente; solo 4 de cada 10 latinoamericanos en zonas rurales tienen opciones de conectividad, en comparación con el 71% en zonas urbanas.
En cuanto al marco regulatorio, países como México, Brasil y Perú están buscando activamente la simplificación y flexibilidad normativa, junto con un enfoque del espectro no recaudatorio, para estimular la inversión. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México ha señalado que los trámites regulatorios excesivos siguen siendo barreras importantes para la inversión privada. El cierre de la brecha digital en América Latina y el Caribe demanda un esfuerzo inversor adicional de 17 mil millones de dólares para 2030, una cifra colosal que el sector de telecomunicaciones regional, dadas las condiciones actuales del mercado y la disminución de ingresos, tiene dificultades para asumir por sí solo. La falta de presupuesto y financiación pública es un obstáculo clave, tal como lo evidencia el caso mexicano.
Perspectiva a futuro
La reducción presupuestaria para CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos proyecta una sombra sobre la capacidad de México para alcanzar una conectividad universal en el mediano plazo. Si el recorte se materializa, el ambicioso objetivo de cerrar la brecha digital para 2027 o incluso 2030 podría postergarse significativamente. Esto no solo afectaría la equidad social y el acceso a la información, sino también el desarrollo económico, la educación y la salud, pilares fundamentales en una sociedad cada vez más digitalizada.
La menor inversión pública podría obligar a buscar nuevas estrategias, como una mayor participación del sector privado. Sin embargo, esto requeriría un marco regulatorio más atractivo y flexible, así como incentivos claros para que las empresas inviertan en zonas de baja rentabilidad. La próxima administración en México enfrentará el desafío de redefinir la política de conectividad, decidiendo si priorizará la inversión directa del Estado, fomentará la colaboración público-privada o adoptará un enfoque mixto. La mirada de la región estará puesta en México, ya que sus decisiones podrían sentar un precedente para otras naciones que luchan por llevar internet a todos sus ciudadanos. La conectividad dejó de ser un lujo para convertirse en un derecho fundamental y un motor de progreso, y el camino para lograrlo exige una visión y una inversión sostenida que, por ahora, parece estar en entredicho en el país azteca.
