El estudio, que cruzó minuciosamente los datos de Anatel con la información sobre hogares con acceso a internet del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), revela una brecha considerable. Mientras Anatel estimaba 49.9 millones de accesos de banda ancha fija en septiembre de 2024, el IBGE reportó aproximadamente 63 millones de hogares con internet. Esta diferencia de más de 13 millones de conexiones sugiere que los accesos "invisibles" representan una parte sustancial del total, con la estimación de Radar da Telecom concentrándose en aquellos que se presumen como formales pero no declarados.
La informalidad no se distribuye de manera uniforme a lo largo del país. El análisis clasifica los municipios brasileños según el nivel de discrepancia, identificando entre 866 y 1.013 localidades en una situación crítica, donde más del 70% de su mercado estimado no aparece en los registros oficiales. Otros 1.060 a 1.073 municipios muestran discrepancias moderadas (40-70%), y solo entre 449 y 481 ciudades exhiben un nivel de formalización adecuado, con menos del 10% de diferencia. Las regiones del Norte y Nordeste son las más afectadas por esta subnotificación, con tasas estimadas entre 25.9% y 26.9% para el Norte, y 24.1% y 25.8% para el Nordeste. A nivel estatal, Alagoas (35.6%-35.8%), Amazonas (33.5%-34.6%) y Maranhão (31.9%-33.6%) presentan los mayores índices de informalidad. En términos absolutos, el estado de Bahía lidera con cerca de 777.6 mil conexiones no registradas, según DPL News y Teletime en junio de 2026.
Contexto Regulatorio y Desafíos de Fiscalización
La existencia de millones de conexiones no registradas se alinea con las propias acciones y hallazgos de la Anatel. La agencia reguladora ha intensificado sus esfuerzos de fiscalización, revelando datos preocupantes. Una operación nacional reciente identificó que un 50% de las empresas fiscalizadas operaban sin la licencia correspondiente, una cifra destacada por ConvergenciaDigital en mayo de 2026. Más aún, un informe de Anatel de mayo de 2026, según TeleTime News, indicó que el 57% de las empresas del sector presentan algún tipo de irregularidad, ya sea laboral, técnica o fiscal. Se estima que, a la fecha, alrededor de 3 mil ISPs operan de forma irregular en Brasil, según TeleSíntese en abril de 2026.
Expertos y analistas han ofrecido diversas explicaciones para estas discrepancias. El estudio del Radar da Telecom sugiere que pueden deberse a fallas en la declaración de datos por parte de los proveedores, la existencia de operadores no autorizados, o la proliferación de redes informales. También se ha identificado el fenómeno de los municipios "supernotificados", donde grandes operadores concentran la declaración de accesos en sus sedes fiscales, distorsionando las estadísticas de las localidades donde realmente prestan el servicio. Cristiana Camarate, superintendente de Relaciones con Consumidores de Anatel, ha señalado que la calidad de la información al consumidor es uno de los puntos más críticos en la banda ancha brasileña, a pesar de los avances en infraestructura. La dificultad para acceder y comprender los datos públicos de conectividad de Anatel fue una crítica del Instituto de Referencia en Internet y Sociedad (IRIS) en diciembre de 2025, lo que limita la capacidad de fiscalización y el desarrollo de políticas públicas efectivas.
Implicaciones Técnicas y Operativas para el Sector
Para los profesionales de la tecnología, ingenieros y gerentes de producto en el sector de las telecomunicaciones, esta informalidad tiene implicaciones directas y profundas. La proliferación de redes no reguladas o la subdeclaración de conexiones impacta directamente la planificación de infraestructura. La falta de datos precisos dificulta la identificación de áreas con verdadera demanda insatisfecha o, por el contrario, zonas con saturación de servicio no reconocida. Esto puede llevar a decisiones de inversión subóptimas y a la duplicación de esfuerzos en algunas regiones, mientras otras permanecen desatendidas.
Desde una perspectiva técnica, las redes informales o irregulares a menudo carecen de los estándares de calidad, seguridad y mantenimiento exigidos por la Anatel. Esto se traduce en una experiencia de usuario deficiente, con interrupciones del servicio, velocidades inconsistentes y mayores riesgos de ciberseguridad. La interoperabilidad y la gestión del espectro también se complican en un entorno donde una porción significativa de la red opera al margen de la regulación. Marcos Ferrari, presidente ejecutivo de Conexis, y Carlos Nazareth Marins, director de Inatel, coinciden en que, si bien la fibra óptica ha crecido exponencialmente en Brasil, persisten desafíos como la ocupación irregular de postes, el robo de cables y la fragmentación de la legislación municipal, afectando la eficiencia operativa y la expansión de la infraestructura.
Además, la informalidad crea un terreno desigual para los ISPs que sí cumplen con todas las normativas. Los operadores irregulares, al evadir impuestos y costos de licencia, pueden ofrecer precios más bajos, generando una competencia desleal y erosionando los márgenes de los actores formales. Esto desincentiva la inversión en innovación y calidad por parte de las empresas cumplidoras, frenando el desarrollo tecnológico general del sector.
Impacto en la Conectividad de América Latina
El fenómeno de la informalidad en la banda ancha de Brasil no es un caso aislado, sino que se inscribe en un contexto regional de crecimiento, pero también de persistentes desafíos para la conectividad en América Latina. La región proyecta un crecimiento robusto, estimando alcanzar 92 millones de suscriptores de fibra óptica (FTTH) para 2027, con Brasil, México, Colombia y Argentina liderando esta expansión, según TeleTime News en enero de 2024. Sin embargo, este optimismo se ve empañado por obstáculos estructurales y regulatorios que la región aún enfrenta.
América Latina lidia con dificultades en las alianzas público-privadas, cuellos de botella en la oferta de infraestructura, altos costos de implementación en zonas rurales remotas y un preocupante aumento del vandalismo de infraestructura. La informalidad en países clave como Brasil, el mayor mercado de la región, puede exacerbar estos problemas, al introducir una capa de complejidad y falta de transparencia en un sector ya de por sí desafiante. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) ha solicitado una revisión regulatoria urgente para fomentar las inversiones en telecomunicaciones en la región, un llamado secundado por la GSMA, que ha enfatizado la necesidad de una asignación efectiva del espectro y un marco regulatorio robusto para expandir la conectividad móvil, la cual representa 4 de cada 5 conexiones a internet en América Latina, según su informe de junio de 2017. La lección de Brasil resalta la necesidad de que los reguladores y gobiernos de toda América Latina fortalezcan la fiscalización, simplifiquen los procesos de licenciamiento y mejoren la transparencia de datos para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible de la conectividad digital, esencial para el progreso económico y social de la región.
