Este incremento, particularmente evidente entre los litigantes pro se (aquellos que se representan a sí mismos), ha pasado de ser una curiosidad marginal a una preocupación central para la integridad y eficiencia del sistema judicial global. Según un estudio sobre presentaciones judiciales federales en Estados Unidos, la tasa de detección de texto generado por IA en las quejas aumentó de casi cero a finales de 2022 a un 18% a principios de 2026. Este dato revela la velocidad a la que la IA se ha integrado en el ecosistema legal, incluso a nivel de usuarios sin formación jurídica. La principal razón de que esto importe ahora radica en la capacidad de la IA de producir “alucinaciones”: información legal incorrecta, hechos inventados o citas de casos inexistentes que, al ser presentados ante un tribunal, demandan una verificación exhaustiva y, a menudo, laboriosa por parte del personal judicial y las partes opuestas.
Cómo funciona la IA en la generación de demandas y sus desafíos
Las herramientas de IA generativa, como los grandes modelos de lenguaje (LLM), pueden redactar documentos, resumir información y sugerir argumentos legales con una fluidez asombrosa. Para un litigante pro se, estas herramientas representan una puerta de entrada a la capacidad de producir escritos que, de otro modo, requerirían conocimientos legales especializados y horas de trabajo. La promesa es un mayor acceso a la justicia al democratizar la creación de documentos jurídicos. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser más compleja y desafiante.
El problema central radica en las ya mencionadas “alucinaciones” de la IA. Los chatbots, al intentar ofrecer una respuesta coherente, pueden inventar jurisprudencia, crear precedentes judiciales ficticios o citar leyes que no existen. Damien Charlotin, un analista legal, ha rastreado 294 casos solo en 2025 donde litigantes pro se en EE. UU. presentaron tales “alucinaciones”. A nivel global, ha catalogado al menos 490 expedientes judiciales con estas inexactitudes generadas por IA en tan solo seis meses. La jueza Allison Goddard, de California, ha observado cómo la IA puede proporcionar consejos jurídicos erróneos, lo que a menudo lleva a expectativas poco realistas en los acuerdos.
El impacto de esto es multifacético: los tribunales se ven obligados a dedicar más tiempo y recursos a verificar la autenticidad de cada referencia, lo que ralentiza los procesos. Las partes contrarias también deben invertir un esfuerzo adicional en desacreditar información falsa, aumentando los costos generales del litigio. Si bien los abogados que presentan escritos con errores generados por IA han sido sancionados en varios casos, la situación para los litigantes pro se es más compleja, ya que a menudo carecen de las herramientas o el conocimiento para verificar rigurosamente la información generada por estas tecnologías. Esto subraya una brecha crítica en la responsabilidad y la diligencia debida.
Qué cambia para los profesionales tech y el sistema judicial
La irrupción de la IA en el ámbito legal está transformando las prácticas judiciales y el desarrollo tecnológico asociado. Para los profesionales tech que trabajan en el sector legal, esto implica la creación de herramientas más robustas y con mayores capacidades de verificación, así como la conciencia de las implicaciones éticas de sus desarrollos. La adopción de la IA en despachos de abogados ya es del 26%, y más de la mitad (53%) planea invertir en esta tecnología en el futuro, según datos de la investigación. En Estados Unidos, el 69% de los profesionales del derecho utilizaban herramientas de IA generativa para su trabajo en 2025, un salto significativo desde el 27% en 2024.
América Latina no es ajena a esta revolución. El mercado de tecnología legal con IA en la región alcanzó los USD 1.9 mil millones en 2025 y se proyecta que llegue a USD 4.9 mil millones para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.68%. Se espera que el mercado legal de IA en América Latina alcance los US$ 150.9 millones para 2030, con una CAGR del 18.6% de 2025 a 2030. Estos datos no solo reflejan una adopción creciente, sino también un esfuerzo regional concertado para regular y aprovechar esta tecnología de manera responsable.
Perú, por ejemplo, aprobó su primera ley de IA en 2023, sentando un precedente importante. Otros países como Colombia, México, Argentina, Brasil y Chile están desarrollando activamente marcos regulatorios con un enfoque basado en riesgos y la protección de derechos fundamentales. La UNESCO ha jugado un papel crucial en guiar el discurso legislativo en la región. En Colombia, el tribunal constitucional dictaminó en 2024 que los jueces pueden usar herramientas de IA bajo reglas específicas, que incluyen la revisión y verificación obligatoria de la información generada por IA y la prohibición del uso de chatbots gratuitos para evaluar pruebas o resolver problemas legales. Jueces como María Victoria Quiñones en Colombia han aumentado su emisión de sentencias de 4 a 20 por semana gracias a asistentes de IA como Microsoft Copilot. México, por su parte, ha desarrollado herramientas como “Sor Juana” para facilitar la comprensión de las sentencias de la Suprema Corte. Sin embargo, en Argentina, tribunales de Rosario, General Roca y Morón ya han lidiado con la presentación de escritos legales con citas falsas o inexactas, presuntamente generadas por IA, enfatizando que la asistencia de IA es permisible, pero requiere una verificación profesional rigurosa.
Qué viene después: Regulación, responsabilidad y el futuro de la justicia con IA
El camino a seguir para la integración de la IA en el sistema judicial es claro: una combinación de innovación tecnológica, regulación inteligente y una profunda comprensión de las responsabilidades éticas. Existe un consenso creciente entre jueces y cuerpos judiciales sobre la necesidad de cautela. El Juez Scott Schlegel de Luisiana advierte que “cuando los abogados cometen errores, son sancionados; cuando los jueces lo hacen, se convierte en ley”, resaltando la gravedad de la precisión en el ámbito judicial. Se recomienda a los jueces no cargar documentos confidenciales en herramientas de IA y verificar siempre los términos de servicio de estas plataformas.
Las asociaciones de abogados, como la American Bar Association (ABA), reconocen el potencial de la IA para proporcionar “orientación legal asequible”, pero al mismo tiempo alertan sobre los peligros de la información inexacta, los problemas éticos y la práctica no autorizada del derecho. Varias asociaciones de abogados estatales han emitido opiniones éticas que enfatizan la necesidad de confidencialidad, competencia y diligencia al usar IA, y la prohibición de cobrar a los clientes por el tiempo ahorrado mediante su uso.
Expertos como Frank Emmert de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana señalan que muchas personas simplemente no saben cómo usar la IA de manera responsable. Esto alimenta un debate en curso sobre la responsabilidad legal cuando un chatbot da un mal consejo, un dilema que ha llevado a casos como el de Nippon Life Insurance Company demandando a OpenAI, alegando la práctica ilegal de la abogacía. Organizaciones internacionales como la UNESCO continúan desarrollando guías para el uso de IA en sistemas judiciales, que países como Colombia han adaptado, buscando un equilibrio entre la promesa de la tecnología y la protección de los derechos humanos y la integridad judicial.
El futuro del sistema judicial con IA implicará una evolución constante. Los profesionales tech serán cruciales en el desarrollo de herramientas más transparentes y fiables, mientras que los reguladores y el poder judicial deberán adaptar sus marcos y protocolos a un paisaje tecnológico en cambio perpetuo. La clave residirá en aprovechar las capacidades de la IA para mejorar el acceso y la eficiencia de la justicia, mitigando al mismo tiempo los riesgos inherentes a sus imperfecciones algorítmicas y al uso irresponsable.
