La región ha experimentado un crecimiento digital exponencial en la última década. El acceso a internet ha pasado de un modesto 43% en 2010 a un impresionante 78% en 2024. Paralelamente, la penetración de teléfonos inteligentes ha saltado del 17% al 74% en el mismo período, transformando la conectividad y el comportamiento del consumidor. La infraestructura de fibra óptica ha crecido más del 250% desde 2010, y el comercio electrónico alcanzó los 140 mil millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento de más del 400% desde 2015. Estas cifras demuestran una capacidad de adopción tecnológica por parte de los ciudadanos y las empresas en sectores como el retail y los servicios financieros, donde las startups Fintech y de comercio electrónico están floreciendo. Sin embargo, este dinamismo contrasta fuertemente con la lenta adopción de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito empresarial, un indicador que resalta una brecha preocupante en comparación con otras economías globales.
Regulación Digital en América Latina: El "Efecto Bruselas" y la Autonomía Regional
La regulación digital en América Latina se encuentra en una etapa de evolución, a menudo influenciada por modelos externos. Un claro ejemplo es el llamado “efecto Bruselas”, que anticipa la influencia del Reglamento de IA de la Unión Europea en la formulación de políticas en la región. La creación de la Alianza Digital UE-ALC en julio de 2023 es un paso concreto hacia la armonización de esfuerzos regulatorios entre ambas regiones. Esta cooperación puede ofrecer beneficios en términos de estandarización y acceso a mercados globales, pero también plantea la necesidad de adaptar dichas regulaciones a las realidades específicas de cada país latinoamericano.
La disyuntiva surge entre adoptar modelos regulatorios globales o desarrollar marcos propios que respondan a las particularidades locales. Países como México han avanzado con leyes Fintech que regulan criptomonedas y pagos electrónicos, mientras que Uruguay aprobó su primera Ley de Activos Virtuales en 2024. Perú, por su parte, cuenta con una ley de IA desde mediados de 2023. Estos ejemplos demuestran una proactividad en ciertas áreas, pero también revelan un panorama fragmentado. La región enfrenta desafíos estructurales como la brecha digital urbano-rural, donde la cobertura 4G en áreas rurales es del 52% frente al 95% en zonas urbanas, una disparidad que una regulación importada sin adaptación podría agravar. La implementación de la IA por parte de los estados, concentrada en salud, empleo, justicia y seguridad pública, requiere un enfoque regulatorio participativo que garantice la protección de derechos y evite que la tecnología se convierta en una herramienta de control, como advierte Paloma Lara Castro de Derechos Digitales. La autonomía regional en la creación de políticas es vital para asegurar que la regulación fomente la innovación local y no aumente la dependencia tecnológica de grandes empresas extrarregionales, un riesgo señalado por diversos analistas del sector.
Los datos hablan: Cifras de una transformación desigual
Las cifras de la transformación digital en América Latina son un reflejo de su potencial y de sus asignaturas pendientes. El crecimiento del acceso a internet (del 43% al 78% entre 2010 y 2024) y la penetración de smartphones (del 17% al 74%) son indicadores robustos de una base digital en expansión. El comercio electrónico, que alcanzó los 140 mil millones de dólares en 2023, evidencia un mercado vibrante y con alta capacidad de consumo digital. El mercado de la transformación digital en sí mismo es prometedor, valorado en USD 102.21 mil millones en 2025 y proyectado a alcanzar USD 364.30 mil millones para 2034, con un crecimiento anual compuesto del 15.17% entre 2026 y 2034, según proyecciones de la industria.
Sin embargo, la adopción de IA por parte de las empresas en la región es de solo el 15%, una cifra significativamente menor que en Europa (28%), Estados Unidos (35-38%) y China (más del 40%). Esta brecha sugiere una falta de preparación y capacidad para integrar tecnologías avanzadas a escala. La inversión pública en ciencia y tecnología en América Latina, que es apenas el 0.5% del PIB regional, queda muy por debajo del 2.4% de los países desarrollados, limitando la investigación, el desarrollo y la infraestructura necesaria para un ecosistema de IA robusto. En el ámbito legislativo, la actividad es intensa: entre enero de 2025 y febrero de 2026, se presentaron al menos 201 proyectos de ley relacionados con tecnologías digitales en los congresos de la región, con Argentina (63), Brasil (36) y México (35) a la cabeza. Este volumen demuestra un reconocimiento de la necesidad de regular, pero la dispersión y la falta de armonización entre estas iniciativas pueden generar un entorno incierto para la inversión y la innovación.
El desafío de la IA y el futuro regulatorio para Latam
El debate sobre la regulación de la Inteligencia Artificial en América Latina es complejo y está lleno de matices. Expertos como Carlos Pérez, director de NYCE, enfatizan la brecha en capacidades tecnológicas y preparación institucional para asegurar una IA ética y segura en la región. Esta deficiencia podría comprometer la implementación responsable de estas tecnologías, especialmente cuando se trata de su uso en sectores críticos del Estado. Paloma Lara Castro de Derechos Digitales subraya este riesgo, advirtiendo que la rápida masificación de la IA en áreas como la justicia o la seguridad pública no siempre está acompañada de una protección adecuada de los derechos fundamentales. Para ella, sin políticas participativas y una supervisión independiente, la IA podría convertirse en una herramienta de control en lugar de un motor de progreso social.
Natalia Zuazo, especialista en política y tecnología, resalta la importancia de la transparencia y la necesidad de investigar el lobby de las grandes tecnológicas en los gobiernos locales, lo cual podría influir en la dirección de las regulaciones y favorecer intereses específicos por encima del bienestar común. Desde el sector financiero, José Manuel González-Páramo de BBVA ha instado a las autoridades latinoamericanas a crear un marco regulatorio armonizado. Su visión busca equilibrar la innovación, la estabilidad financiera y la protección del consumidor, elementos cruciales para que la región aproveche plenamente el potencial de la transformación digital sin caer en riesgos sistémicos. Finalmente, Álvaro Soto, director del CENIA, apoya la regulación de la IA pero con una advertencia clave: evitar que llegue tarde, como ocurrió con las redes sociales, y asegurar que no inhiba la innovación local. El futuro de la política digital en América Latina dependerá de la capacidad de sus líderes para forjar un camino que integre las lecciones globales con las necesidades y aspiraciones propias de la región, impulsando un desarrollo tecnológico inclusivo y soberano.
