El primer intento de Australia por corregir esta asimetría fue el "Código de Negociación de Medios" de 2021. Si bien este código generó un impacto inicial significativo, impulsando acuerdos entre algunas Big Tech y medios, su eficacia se vio mermada por lagunas que permitían a las plataformas evitar pagos simplemente eliminando el contenido noticioso de sus servicios. Tal fue el caso de Meta, que en un momento dado bloqueó el acceso a noticias en su plataforma en Australia en respuesta al código, aunque posteriormente llegó a algunos acuerdos. Reconociendo la necesidad de un marco más robusto y coercitivo, el gobierno australiano anunció el 28 de abril de 2026 una nueva propuesta legislativa: el "News Bargaining Incentive" (NBI), marcando un hito en la regulación digital a nivel global y estableciendo un nuevo estándar que resonará en diversas jurisdicciones, incluida Latinoamérica.
El Nuevo Modelo Australiano vs. la Resistencia de las Gigantes Tech
La propuesta del NBI australiano representa una evolución sustancial respecto a su predecesor, diseñada para cerrar las brechas que limitaron la efectividad del código de 2021. En su núcleo, el NBI establece un gravamen del 2.25% sobre los ingresos australianos de las plataformas digitales que generen más de A$250 millones (aproximadamente US$180 millones) anuales. Sin embargo, el mecanismo incluye un incentivo clave: si estas plataformas llegan a acuerdos comerciales con los editores de noticias locales, la tasa efectiva del gravamen puede reducirse a un 1.5%. El objetivo principal es claro: asegurar una compensación justa por el contenido periodístico y garantizar la sostenibilidad del ecosistema de medios australiano.
El gobierno, liderado por el Primer Ministro Anthony Albanese y la Ministra de Comunicaciones, Anika Wells, ha defendido firmemente esta iniciativa. Han enfatizado que la medida es crucial para una democracia saludable y para proteger el interés nacional de Australia, incluso frente a la posible oposición de potencias como Estados Unidos. Se estima que este incentivo generará entre A$200 millones y A$250 millones (equivalentes a US$144 millones y US$179 millones) anualmente, fondos que serán distribuidos a las organizaciones de noticias en función del número de periodistas que empleen, lo que fomenta directamente la inversión en empleo periodístico. La consulta pública sobre este proyecto de ley está abierta hasta el 18 de mayo de 2026, con planes para su introducción en el Parlamento antes del 2 de julio de 2026, según datos de TechCrunch y la investigación adicional.
En el otro lado de la moneda, las grandes empresas tecnológicas han expresado su fuerte rechazo al NBI. Meta, por ejemplo, ha calificado la propuesta como una "transferencia de riqueza impuesta por el gobierno" y un "impuesto sobre los servicios digitales". La compañía argumenta que esta medida podría crear una industria de noticias excesivamente dependiente de subsidios gubernamentales, y que las organizaciones de noticias publican contenido en sus plataformas de manera voluntaria, lo que ya les proporciona tráfico y valor. Google, por su parte, aunque también crítica, ha adoptado una postura ligeramente distinta. La empresa rechaza la necesidad del impuesto, alegando que ya tiene en vigor acuerdos comerciales con una parte significativa de la industria de noticias australiana, cubriendo, según sus propias cifras, 90 negocios y 226 medios. Además, Google critica la exclusión de otras plataformas importantes como Microsoft, Snapchat y OpenAI de la lista de empresas objetivo del gravamen, sugiriendo una aplicación inconsistente de la normativa.
Los medios de comunicación australianos, por su parte, han acogido con entusiasmo la propuesta. Grandes conglomerados como Nine, ABC, News Corp y The Guardian Australia han manifestado su firme respaldo al NBI, considerándolo un paso decisivo para asegurar el futuro del periodismo en el país. Rod Sims, ex presidente de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) y uno de los arquitectos del código original, ha calificado el impacto de esta evolución como "extremadamente y sin ambigüedades positivo". Anya Schiffrin de la Universidad de Columbia ha destacado el carácter pionero del enfoque australiano, al basarse en leyes de competencia en lugar de derechos de autor, lo que ha inspirado debates globales. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la falta de transparencia en los acuerdos alcanzados bajo el código anterior y sobre la disparidad fiscal entre sectores, como ha advertido la Asociación Australiana de Banca, señalando que las Big Tech suelen pagar proporcionalmente menos impuestos que los bancos.
Los datos hablan
La legislación australiana se basa en un conjunto de parámetros y proyecciones económicas concretas que buscan cuantificar el valor del contenido periodístico en el ecosistema digital y asegurar su retorno a los medios. Los datos clave que sustentan el "News Bargaining Incentive" (NBI) son los siguientes:
- Tasa de Gravamen Inicial: 2.25% sobre los ingresos australianos anuales de las plataformas tecnológicas que superen un umbral específico.
- Umbral de Ingresos de Plataformas: A$250 millones (aproximadamente US$180 millones) en ingresos locales anuales para ser sujetas al gravamen.
- Tasa de Gravamen Incentivada: 1.5% para aquellas plataformas que logren cerrar acuerdos comerciales con organizaciones de noticias, demostrando un compromiso con la remuneración.
- Generación de Fondos Estimada: El gobierno australiano proyecta que el NBI generará entre A$200 millones y A$250 millones (US$144 millones y US$179 millones) anualmente. Estos fondos están destinados directamente a apoyar el periodismo local.
- Mecanismo de Distribución: Los fondos recaudados se distribuirán a las organizaciones de noticias en función del número de periodistas que empleen, incentivando la inversión en recursos humanos dedicados a la profesión.
- Cronograma Legislativo: El 28 de abril de 2026 se anunció la propuesta. La consulta pública se extiende hasta el 18 de mayo de 2026. Se espera que el proyecto de ley sea introducido en el Parlamento antes del 2 de julio de 2026.
- Acuerdos Preexistentes de Google: Según Google, la compañía ya tiene acuerdos comerciales con 90 negocios y 226 medios de comunicación en Australia, cifras que utiliza para argumentar que el nuevo impuesto no es necesario.
- Contexto del Código de 2021: El primer "Código de Negociación de Medios" de 2021, aunque inspirador, se consideró insuficiente debido a la capacidad de las tecnológicas para evitar pagos, como lo demostró Meta al retirar contenido de noticias temporalmente de su plataforma.
Estos datos subrayan no solo la magnitud del impacto financiero esperado sino también la meticulosidad con la que Australia ha intentado construir un marco regulatorio que equilibre la necesidad de compensación para los medios con la operativa de las grandes plataformas digitales, buscando un modelo de coexistencia que sea sostenible para ambos sectores. La transparencia en la distribución de fondos y el incentivo para mantener a los periodistas en nómina son puntos clave que diferencian esta nueva iteración legislativa.
Que significa para Latam
La audaz postura de Australia, al obligar a las grandes tecnológicas a pagar por el contenido de noticias, no es un fenómeno aislado, sino un potente catalizador y un precedente ineludible para el debate regulatorio en otras regiones del mundo, y particularmente en Latinoamérica. La experiencia australiana sirve como un laboratorio de pruebas para modelos de compensación que buscan reequilibrar el poder entre las plataformas digitales y los medios de comunicación tradicionales, una dinámica que también es crítica para el futuro del periodismo en nuestra región.
En Latinoamérica, varios países han comenzado a explorar o debatir propuestas similares, aunque con distintos niveles de avance y éxito. Brasil es quizás el ejemplo más destacado. El "Proyecto de Ley de Noticias Falsas" (PL 2630/2020), que originalmente incluía provisiones para la remuneración periodística por parte de las plataformas, se encontró con un intenso cabildeo por parte de las Big Tech, logrando paralizar su tramitación. Sin embargo, existe otro proyecto de ley brasileño (HB 1354/2021) que está directamente inspirado en la legislación australiana, proponiendo que las plataformas con "poder de mercado significativo" deban destinar el 50% de los ingresos obtenidos de las noticias a las organizaciones periodísticas. Esta presión regulatoria ha llevado a Google a tomar medidas proactivas, ofreciendo fondos para apoyar el periodismo en Brasil y Sudáfrica, en un intento de adelantarse y mitigar el impulso de regulaciones obligatorias.
Más allá de Brasil, la región latinoamericana ha visto un aumento generalizado en las regulaciones de tipo "europeo" dirigidas a las empresas tecnológicas. Estas normativas abordan áreas críticas como la recopilación y protección de datos, la privacidad del usuario y las multas antimonopolio. Países como México, Colombia, Chile y Ecuador, además de Brasil, están implementando o discutiendo marcos legales que buscan limitar el poder y la influencia de las Big Tech, asegurar la competencia justa y proteger los derechos de los usuarios y creadores de contenido. La experiencia de la Comunidad Europea con leyes como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) o la Ley de Mercados Digitales (DMA) ha servido de modelo, adaptándose a las particularidades y necesidades de cada nación latinoamericana.
Sin embargo, el fuerte cabildeo y la capacidad de influencia de las grandes tecnológicas siguen siendo un factor determinante en la configuración de la política digital en la región. Las empresas invierten significativamente en esfuerzos de lobby para moldear la legislación a su favor, lo que a menudo resulta en retrasos, diluciones o incluso la paralización de propuestas que buscan una mayor regulación o una compensación más justa. La lección de Australia es que se requiere una voluntad política firme y un enfoque estratégico para implementar cambios significativos. Para Latinoamérica, el NBI australiano no es solo una noticia; es un espejo que refleja los desafíos y las oportunidades para construir un ecosistema digital más equitativo y sostenible para el periodismo y, por extensión, para la calidad de la información pública. La presión para que las plataformas compensen a los medios probablemente continuará, y la experiencia australiana ofrecerá valiosas lecciones sobre qué enfoques funcionan y cuáles encuentran mayor resistencia.
