El contexto de esta colaboración es la persistencia del efectivo en la economía mexicana, donde aún el 80% de las transacciones diarias se efectúan con billetes y monedas. Esta realidad contrasta con el 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB) que representa la economía informal, un sector al que la digitalización busca integrar. Para atacar estas cifras, el BID ha lanzado una iniciativa específica, “Finanzas Conectadas 55+”, con una cooperación técnica no reembolsable de 2.29 millones de dólares. Este programa, gestionado por BID Lab y Fundación Capital, tiene como meta la digitalización de pagos para adultos mayores y microempresas, con una proyección de impactar a unas 45,000 personas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en su fase inicial. La magnitud del desafío y la coordinación de esfuerzos público-privados reflejan una determinación creciente por transformar el panorama transaccional del país.
México Paga Digital: Superando los desafíos de CoDi y apuntando al modelo PIX
El camino de México hacia la digitalización de pagos no es nuevo. El sistema CoDi (Cobro Digital) de Banxico, lanzado en 2019, prometió revolucionar las transacciones instantáneas mediante códigos QR. Sin embargo, su adopción no ha alcanzado la escala esperada, especialmente cuando se compara con el éxito rotundo de PIX en Brasil, lanzado en noviembre de 2020. PIX se ha convertido en un referente global por su facilidad de uso, interoperabilidad y el impacto masivo en la inclusión financiera de millones de brasileños.
Frente a este escenario, la alianza actual y las recientes medidas de Banxico, en conjunción con la iniciativa "México Paga Digital" promovida por la Asociación de Bancos de México (ABM), buscan corregir el rumbo. En junio de 2026, Banxico emitió nuevas regulaciones que incluyen la creación de un nuevo nivel de cuenta simplificada, el Nivel 2 Bis. Este nuevo tipo de cuenta permite recibir hasta 15,000 Unidades de Inversión (UDIs) mensuales, lo que equivale aproximadamente a MXN$132,000, y hasta 3,000 UDIs (unos MXN$26,400) en efectivo. La particularidad de estas cuentas es que facilitan la apertura en línea sin necesidad de presentar un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), un requisito que anteriormente representaba una barrera para micro y pequeños negocios que operan en la informalidad. Esta flexibilización es un paso crucial para integrar a millones de mexicanos y sus emprendimientos al sistema financiero formal. José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, destacó que estas cuentas Nivel 2 Bis no solo facilitarán las transacciones, sino que, al permitir rastrear ingresos y egresos, también abrirán la puerta al acceso a servicios de crédito para millones de mexicanos, un beneficio clave para el crecimiento empresarial y personal.
Los datos hablan: La realidad de la adopción digital en América Latina
La urgencia de estas iniciativas en México se ve reflejada en el panorama regional de pagos digitales. Un estudio de Mastercard de abril de 2026 revela que el 89% de los consumidores en América Latina y el Caribe ya se consideran usuarios digitales. Más aún, el 68% de aquellos que no utilizan pagos digitales son “muy probable” que los adopten en el futuro, indicando un potencial masivo de crecimiento. Entre 2019 y 2023, los pagos digitales se triplicaron en la región, y en 16 de los 17 países analizados, al menos el 50% de la población prefiere lo digital al efectivo. Estos datos subrayan una tendencia irreversible hacia la digitalización transaccional.
Sin embargo, la inercia del efectivo aún es considerable. El mismo estudio de Mastercard señala que casi la mitad de los consumidores latinoamericanos (47%) usó efectivo en los últimos seis meses, especialmente en sectores como el transporte público (36%) y con vendedores ambulantes (32%). Este detalle resalta los nichos donde las soluciones de pagos digitales necesitan mayor penetración y adaptación. En este contexto, Laura Ripani, representante del Grupo BID en México, enfatizó que la iniciativa BIDPago busca ampliar la participación en pagos digitales y promover infraestructuras modernas e interoperables. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico, subrayó que la digitalización es una prioridad para el banco central, con el objetivo de integrar a más de 80 millones de usuarios y 4.4 millones de pequeños comercios a la economía formal.
Expertos como Andrea Scerch, presidenta de Mastercard para América Latina y el Caribe, enfatizan que la inclusión hoy se trata de asegurar que el sistema funcione para las personas en su vida diaria, priorizando la confianza y la seguridad. Por su parte, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que el plan “México Paga Digital” es una contribución esencial del sector privado para el crecimiento económico y la consolidación fiscal, reconociendo al efectivo como un obstáculo para la modernización.
La región también está implementando marcos regulatorios centralizados para fomentar el crecimiento fintech, con un enfoque en sistemas de pagos inmediatos, regulación de criptoactivos, “regulatory sandboxes” y protección al consumidor, además de buscar la interoperabilidad entre los sistemas de pago. Estos esfuerzos colectivos buscan construir un futuro financiero más accesible y eficiente para todos.
Qué significa para Latam: Un modelo para la inclusión financiera regional
La colaboración entre el BID, Banxico y la ATDT en México es un caso de estudio crucial para el resto de América Latina. En una región donde la informalidad económica sigue siendo alta y el acceso a servicios financieros es desigual, las estrategias implementadas en México ofrecen lecciones valiosas. La creación de cuentas simplificadas como el Nivel 2 Bis, que eliminan barreras burocráticas como la necesidad de un RFC para la apertura en línea, es un modelo replicable para otros países que luchan por integrar a su población no bancarizada y a microempresarios. Países como Perú, donde la informalidad supera el 70% del empleo, podrían beneficiarse enormemente de soluciones que faciliten el registro y seguimiento de ingresos, allanando el camino para el acceso a crédito y la formalización. El enfoque en poblaciones vulnerables como adultos mayores y microempresas, sumado a la colaboración público-privada, establece un precedente importante para el desarrollo de ecosistemas de pagos digitales realmente inclusivos y capaces de impulsar el crecimiento económico en toda la región.
