La disminución no es un hecho aislado. La producción formal de oro en mayo de 2026 alcanzó los 8.4 millones de gramos finos, lo que supone una reducción del 5.6% en comparación con el mismo mes del año anterior. El acumulado de enero a mayo de 2026 mostró una contracción del 4.4%. Incluso en el primer trimestre de 2025, la producción ya había retrocedido un 10.5%, con 24.8 toneladas extraídas. Compañías emblemáticas del sector han sido duramente golpeadas: Consorcio Minero Horizonte experimentó una caída del 48.5%, Shahuindo del 18.9% y Compañía Minera Ares del 12.6% a mayo de 2026. Aunque algunas excepciones como Minera Yanacocha (21.8%) y Veta Dorada (27.6%) lograron incrementos, no son suficientes para revertir la tendencia negativa general. Este cuadro resalta la urgencia de abordar los factores que obstaculizan el crecimiento del sector formal, máxime cuando el oro es una de las principales divisas de exportación del país y un motor fundamental para su economía.
Oro formal vs. informal: la paradoja peruana
La situación se agrava al considerar la creciente divergencia entre la producción y las exportaciones de oro, lo que subraya una preocupación central: el auge de la minería informal e ilegal. En 2025, Perú exportó 209 toneladas de oro, una cifra que casi duplica las 108.8 toneladas producidas formalmente ese mismo año. Esta abrumadora diferencia de 100.1 toneladas sugiere que una cantidad significativa del oro exportado proviene de fuentes no declaradas o ilícitas. La discrepancia se ha mantenido en los primeros meses de 2026, y según diversos análisis, coincide directamente con un incremento considerable de la minería informal e ilegal. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a la minería ilegal alcanzaron la alarmante cifra de US$ 6,036 millones en 2025, cuadruplicando los montos registrados en 2024.
Este panorama no solo implica una pérdida de ingresos fiscales para el Estado y un deterioro de las condiciones laborales y ambientales, sino que también desincentiva la inversión en el sector formal. Expertos como Franco Saito, economista de Redes, señalan que las trabas administrativas y los procesos excesivamente largos –que en Perú pueden extender el desarrollo de una mina por más de seis décadas, muy por encima del promedio internacional–, sumados a la inestabilidad política, actúan como barreras formidables para la inversión formal. Gustavo De Vinatea, gerente general del IIMP, enfatiza la necesidad de retomar grandes proyectos y mantener el crecimiento en exploración. Sin embargo, el clima de inseguridad, la extorsión y la competencia desleal de la minería ilegal afectan gravemente las operaciones formales y disuaden nuevas iniciativas, lo que crea un círculo vicioso de bajo rendimiento y menor inversión. Además, el sector formal enfrenta un escrutinio cada vez mayor respecto a criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), siendo el impacto en la comunidad el principal punto de atención y un factor clave para la obtención de licencias sociales y operativas, elementos que la minería ilegal simplemente ignora.
Los datos hablan: cifras y tendencias
El contexto de precios elevados del oro debería ser un catalizador para la producción, no un espectador silencioso. En julio de 2026, el oro promedió US$ 4,074 por onza troy, lo que representa un valor un 18% superior al promedio de 2025, aunque ligeramente por debajo del récord de US$ 5,020 alcanzado en febrero de 2026. Las proyecciones de UBS, una de las principales firmas de servicios financieros, indican que el metal podría cerrar 2026 alrededor de US$ 4,600 y superar los US$ 5,200 hacia mediados de 2027. Estos valores históricos presentan una ventana de oportunidad única que Perú no está logrando capitalizar plenamente en su sector formal.
La situación se ve reflejada también en la capacidad productiva del país, que en 2024 se posicionó como el noveno productor mundial de oro con 136.9 toneladas métricas, contribuyendo con el 3.7% de la producción global. Sin embargo, la persistente caída en la producción formal a pesar de estas cifras macroeconómicas y proyecciones favorables es una señal de alerta. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a Perú a aprovechar los altos precios de los metales para implementar reformas estructurales que permitan mejorar la distribución de las rentas mineras y combatir eficazmente la informalidad y la corrupción. La inercia en la implementación de estas reformas impacta directamente la competitividad y la capacidad del sector para atraer capital fresco. Además del oro, Perú es un líder regional en la producción de cobre, zinc, plata y estaño, lo que subraya la importancia estratégica de su sector minero para la economía nacional y regional, y la necesidad de asegurar su sostenibilidad.
Que significa para Latam: más allá de las fronteras peruanas
La problemática del oro formal en Perú resuena profundamente en toda América Latina, una región rica en recursos minerales. Lo que ocurre en el país andino no es un caso aislado, sino un espejo de desafíos similares que enfrentan otras naciones latinoamericanas. Países como Ecuador, por ejemplo, han elevado la minería ilegal a la categoría de amenaza a la seguridad nacional, intensificando el escrutinio sobre las cadenas de suministro y la necesidad de trazabilidad para combatir el crimen organizado y el lavado de activos. Esta medida subraya la gravedad de un problema que trasciende las fronteras, afectando la estabilidad, el medio ambiente y la gobernabilidad en la región.
Las regulaciones en países como Argentina, Chile, Colombia, México y Perú establecen que los minerales son propiedad del Estado, otorgando concesiones para su explotación y exploración bajo marcos normativos que están en constante modernización. Sin embargo, la brecha entre la legislación y su aplicación efectiva, así como la persistencia de la informalidad y la ilegalidad, socavan los esfuerzos de formalización. La experiencia peruana, con su caída en la producción formal a pesar de precios récord y la evidente vinculación con la exportación de oro de origen ilegal, ofrece lecciones críticas para la región. Impulsa a los gobiernos a fortalecer sus instituciones, simplificar trámites, garantizar la seguridad jurídica y física de las inversiones, y desarrollar estrategias integrales contra el crimen organizado que se beneficia de estas actividades ilícitas. Rocío Mantilla Goyzueta, presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, destaca que transformar la riqueza mineral en productos de valor agregado, como la joyería, puede generar empleo y orgullo nacional, un modelo que otras economías latinoamericanas también podrían emular para diversificar sus economías y crear cadenas de valor más sólidas en un entorno formal y sostenible.
