Este cambio de paradigma es más que semántico; implica una redefinición fundamental de cómo los estados deben abordar y regular el ecosistema tecnológico. Lo que antes era un sector de comunicaciones se ha convertido en la base sobre la cual se erige toda la economía y la vida social moderna: desde centros de datos, redes de fibra óptica y conectividad 5G, hasta plataformas en la nube y sistemas de IA. La relevancia de este cambio radica en que la infraestructura digital es el motor de la innovación, la productividad y la competitividad de un país.
Actualmente, Chile y gran parte de América Latina enfrentan un desafío común: la obsolescencia de sus marcos normativos e institucionales. Las regulaciones diseñadas para un modelo de mercados segmentados, donde la voz y los datos eran mundos aparte, son ineficaces para gestionar la complejidad y la interconexión de la infraestructura digital actual. Esta situación, en lugar de fomentar, amenaza con paralizar la inversión y erosionar el liderazgo regional que Chile ha buscado consolidar en el ámbito digital. La urgencia de una nueva gobernanza es clara: sin ella, la capacidad de Chile para innovar, atraer inversión y cerrar la brecha digital se verá seriamente comprometida, impactando directamente en su desarrollo y en la calidad de vida de sus ciudadanos.
Como funciona la propuesta de nueva gobernanza
El problema central que enfrentan países como Chile es una “asfixiante fragmentación y sobrerregulación” institucional. La responsabilidad de la transformación digital está dispersa entre múltiples ministerios, incluyendo Transportes y Telecomunicaciones, Ciencia, Economía, Interior y Hacienda. Esta dispersión resulta en una falta de responsabilidad prioritaria y una coordinación extremadamente difícil, lo que genera duplicidad de permisos, vacíos normativos y competencias cruzadas. Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, describe la “arquitectura de permisos fragmentada” y la “permisología” como un “cuello de botella” que impide a Chile consolidarse como un hub digital regional.
La propuesta de una nueva gobernanza digital, impulsada por figuras como Jorge Atton y respaldada por exsubsecretarios como Pamela Gidi y Claudio Araya, se centra en la creación de una autoridad digital transversal y empoderada. Esta entidad no solo unificaría las funciones actualmente dispersas, sino que también tendría la capacidad de impulsar una agenda digital de estado, erradicando la sobrerregulación y fomentando una fuerte inversión en infraestructura. Su objetivo sería simplificar los procesos, ofrecer certeza regulatoria y acelerar la aprobación de proyectos de infraestructura crítica, como los centros de datos.
Un ejemplo de la lentitud legislativa es un proyecto de ley iniciado en 2018 que solo fue aprobado en 2024, evidenciando la necesidad de marcos normativos más ágiles y adaptativos. Según datos de ASIET, en América Latina, los operadores destinan entre el 1.3% y el 3.7% de su masa salarial solo al cumplimiento regulatorio, un costo significativo que se reduciría con una regulación más eficiente. Países con mejor calidad institucional y regulatoria han registrado niveles de inversión en telecomunicaciones hasta un 64% superiores, subrayando el impacto directo de una buena gobernanza en el desarrollo del sector.
Que cambia para los profesionales tech
Para los profesionales del sector tecnológico en Chile y la región, la adopción de una nueva gobernanza digital trae consigo cambios significativos y oportunidades. En primer lugar, una regulación modernizada y coordinada se traduciría en un ambiente mucho más propicio para la inversión en infraestructura digital. Esto implica la aceleración de proyectos de gran envergadura como la construcción de centros de datos, el despliegue de redes de fibra óptica y la implementación de tecnologías 5G avanzadas. Para ingenieros de redes, arquitectos de soluciones en la nube, especialistas en ciberseguridad y desarrolladores, esto significa un incremento en la demanda de sus habilidades y la creación de nuevos roles de trabajo.
La eliminación de la “permisología” y la simplificación regulatoria reducirían las barreras de entrada para startups y empresas innovadoras, fomentando un ecosistema más dinámico y competitivo. Esto permitiría a los profesionales tech concentrarse más en la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones, en lugar de navegar por un laberinto burocrático. Además, con la irrupción masiva de la IA, se estima que más del 70% de la fuerza laboral activa necesitará recapacitarse. Una gobernanza digital efectiva también debería incluir políticas para la formación y reconversión de talentos, asegurando que los profesionales tech chilenos estén a la vanguardia de estas nuevas tecnologías.
Asimismo, el reconocimiento de la infraestructura digital como una prioridad nacional, con una autoridad central, podría impulsar políticas de largo plazo para la seguridad digital y la protección de datos, áreas de creciente importancia y demanda para especialistas. Chile, a pesar de sus desafíos actuales, cuenta con un marco regulatorio de infraestructura digital considerado el más maduro de la región, que incluye incentivos para centros de datos desde 2024. Este ambiente, si se gestiona con una gobernanza adecuada, posicionaría a Chile como un referente para la colaboración regional, atrayendo talento e inversión de toda América Latina. La capacidad de participar en proyectos transnacionales y acceder a mercados más amplios sería una ventaja clave para los profesionales locales.
Que viene despues
El camino hacia una nueva gobernanza digital en Chile no es sencillo, pero es ineludible. Lo que viene después implica una serie de pasos críticos y un compromiso sostenido por parte del Ejecutivo y el Legislativo. El primer desafío es la voluntad política para asumir la infraestructura digital como una prioridad estratégica nacional y de Estado, tal como lo propone Jorge Atton. Esto requeriría una reforma institucional que podría implicar la reestructuración de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) o la creación de un organismo completamente nuevo con facultades transversales.
Desde el punto de vista legislativo, se necesita una agilización de los procesos para aprobar leyes que se adapten a la velocidad del cambio tecnológico. Proyectos de ley que tardan años en discutirse son inaceptables en la era digital. Esto incluiría la revisión de regulaciones obsoletas y la formulación de nuevas normativas para áreas emergentes como la gobernanza de la IA, donde la región aún está rezagada. Brasil, por ejemplo, destaca en infraestructura digital con la mayor capacidad de centros de datos, lo que le otorga una ventaja competitiva que Chile busca emular.
Además, se espera una mayor colaboración entre el sector público y privado. Organizaciones como la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y la ACTI están clamando por un sistema de permisos más moderno y coordinado. Esta alianza es fundamental para garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales del mercado y fomenten la inversión privada, que es el motor principal del despliegue de infraestructura. La región en su conjunto se beneficiaría de marcos normativos ágiles y de la colaboración entre países para el desarrollo tecnológico sostenible, como señala Maryleana Méndez de ASIET, quien insta a modernizar las regulaciones para impulsar la inversión y cerrar la brecha digital. La evolución de Chile en este ámbito podría servir de modelo o, al menos, de valiosa lección para sus vecinos latinoamericanos en el desafío de construir un futuro digital robusto y equitativo.
