Sin embargo, esta aparente sinergia económica se topó con la creciente preocupación de Estados Unidos. Washington ha manifestado enérgicamente su oposición a la participación de empresas chinas en infraestructuras críticas de telecomunicaciones a nivel global, citando riesgos de seguridad nacional. La ley de ciberseguridad china, que obliga a las empresas a cooperar con sus servicios de inteligencia, incluso fuera de su territorio, es el principal punto de fricción. Esta preocupación no es teórica; ha llevado a acciones concretas. En un episodio que marcó la intensidad de la disputa, Estados Unidos revocó las visas a tres funcionarios chilenos —el Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, el Subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y el jefe de gabinete Guillermo Petersen—, acusándolos de comprometer la infraestructura crítica de telecomunicaciones y la seguridad regional por su presunto apoyo al proyecto chino, según reportó Rest of World. El gobierno chileno, a través del Canciller Alberto van Klaveren, rechazó las acusaciones, subrayando que las decisiones se toman en base a méritos técnicos, no políticos. Este incidente generó incluso fricciones internas entre el entonces presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast.
Cable Chile-China Express vs. Cable Humboldt
En este escenario de alta tensión geopolítica, dos iniciativas principales han surgido, encarnando las distintas visiones y alineaciones:
Por un lado, el Cable Chile-China Express se perfiló como la ruta más directa hacia Asia. Liderado por un consorcio que incluye a empresas como Inchcape Shipping Services (ISS), China Mobile International (CMI) y HMB Technologies, este proyecto busca conectar Valparaíso con Hong Kong. Con una propuesta de entre dos y cuatro fibras, cada una capaz de transmitir hasta 16 terabits por segundo de capacidad, su costo estimado ronda los 500 millones de dólares. La cercanía geográfica y la relación comercial robusta con China le daban una ventaja aparente. No obstante, la falta de transparencia en detalles cruciales como su financiación y la composición del consorcio ha alimentado las alertas y las preocupaciones de seguridad planteadas por Estados Unidos, convirtiéndolo en un proyecto bajo escrutinio constante.
En contraposición, el Cable Humboldt ha emergido como la alternativa favorecida por Estados Unidos y, finalmente, por Chile. Este proyecto, que ahora cuenta con la participación estratégica de Google, conectará Chile con Australia a través de la Polinesia Francesa, con ramificaciones potenciales a otras islas y continentes, según información de Google Cloud Blog y Submarine Networks. Con una longitud estimada de aproximadamente 14.800 kilómetros, el Cable Humboldt promete una capacidad masiva de 144 terabits por segundo, significativamente superior al proyecto chino. El costo estimado de esta ambiciosa obra es de alrededor de 400 millones de dólares. Google ha realizado una inversión sustancial, que se sitúa entre los 300 y 550 millones de dólares, mientras que el gobierno chileno ha aportado 55 millones de dólares. Para formalizar esta colaboración, se estableció en junio de 2025 la empresa conjunta Humboldt Connect, con una participación del 50% cada uno entre Google y el gobierno chileno. Se espera que este cable esté operativo en 2027. La ruta hacia Australia, aunque indirecta para la conexión con el grueso de Asia, es percibida como una opción más segura y diversificada, alineándose con los intereses de seguridad de EE. UU.
Los datos hablan
La magnitud de esta disputa se entiende mejor al examinar los datos cuantitativos y el contexto regional. La demanda de conectividad es insaciable: el 95% del tráfico de datos global viaja a través de cables submarinos, como se destacó en diversos reportes de la industria. Para América Latina, la brecha digital es aún considerable, con un 38% de la población careciendo de tecnología básica de telecomunicaciones, según la International Trade Administration. Esta cifra subraya la urgencia de invertir en infraestructura robusta y moderna. Se estima que en los próximos cinco años, la inversión requerida para nuevos cables submarinos en América Latina superará los mil millones de dólares.
Chile, un país con una economía abierta y un rol destacado en el comercio regional, se encuentra en una posición única. Es cierto que China es su principal socio comercial, pero Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor inversor en el país andino. Esta dualidad económica complica la elección de un socio tecnológico sin inclinar la balanza geopolítica. La intervención directa de EE. UU. en la toma de decisiones chilenas sobre infraestructura crítica ha sido notable. Las declaraciones de expertos refuerzan esta visión. Mariano Machado, de Verisk Maplecroft, afirmó que estas "decisiones de infraestructura estratégica serán tratadas como elecciones de alineación geopolítica" por la administración estadounidense. Por su parte, Pablo Ampuero, académico especializado en China, sugiere que, si bien la conexión china podría haber sido técnicamente superior o más directa, la presión de EE. UU. añade una dimensión geopolítica que no puede ignorarse.
La decisión final en favor del Cable Humboldt, con el respaldo de Google, refleja una ponderación de factores que van más allá de la mera eficiencia técnica o el costo. Representa un compromiso con una determinada esfera de influencia tecnológica y de seguridad, un movimiento que tiene implicaciones de largo alcance para la región.
Que significa para Latam
La elección de Chile respecto a su cable submarino transpacífico trasciende sus propias fronteras para convertirse en un caso de estudio y un precedente crucial para toda América Latina. La región, con su vasta geografía y sus aspiraciones de desarrollo digital, se encuentra en un momento definitorio. Países como Argentina, Paraguay y Brasil ya han manifestado su interés en conectarse al proyecto Humboldt, lo que indica la potencialidad de Chile como un verdadero "hub digital" para Sudamérica, no solo en términos de conectividad, sino también de procesamiento y almacenamiento de datos.
Sin embargo, esta situación también plantea interrogantes profundos sobre la autonomía y la soberanía digital de los países latinoamericanos. Expertos han advertido sobre el riesgo de replicar modelos económicos extractivos en la era digital, donde el control de la infraestructura de datos podría generar una "versión del siglo XXI de las 'venas abiertas' o la teoría de la dependencia", como señaló un análisis de Pressenza. La presión ejercida por Estados Unidos sobre Chile subraya que las decisiones sobre infraestructura digital ya no son puramente técnicas o económicas, sino que están intrínsecamente ligadas a la alineación geopolítica. Esto obliga a los gobiernos de la región a sopesar cuidadosamente los beneficios de la inversión y la tecnología de potencias como China frente a las preocupaciones de seguridad y las preferencias estratégicas de EE. UU.
Para América Latina, la lección es clara: la diversificación de las rutas de conectividad es esencial para evitar la concentración de poder y vulnerabilidades. Pero esta diversificación debe ser gestionada con una conciencia aguda del panorama geopolítico global. La decisión chilena no solo asegurará una mayor capacidad y resiliencia para sus propios datos, sino que también influirá en cómo sus vecinos aborden sus propias estrategias de conectividad, buscando un equilibrio entre la necesidad de modernización y la preservación de su autonomía en la era digital. La región debe aprender a negociar estos complejos escenarios para asegurar un futuro conectado y soberano, evitando convertirse en un mero peón en la competencia global por el dominio tecnológico.
