El problema de la minería de tierras raras en Myanmar no es nuevo, pero se ha intensificado drásticamente. Un informe de Global Witness de 2022 reveló un explosivo aumento: de un puñado de minas en 2016, el país pasó a albergar más de 2.700 pozos de extracción en casi 300 ubicaciones para marzo de 2022. Este auge se aceleró tras el golpe militar de febrero de 2021, con grupos armados y el régimen militar explotando la ausencia de estado de derecho para financiar sus operaciones. El impacto es global: Myanmar suministra aproximadamente dos tercios del disprosio y el terbio, elementos pesados de tierras raras que son cruciales para imanes de alto rendimiento en vehículos eléctricos y turbinas eólicas, entre otras aplicaciones de alta tecnología. Esta situación no solo subraya la fragilidad de las cadenas de suministro globales, sino también el grave dilema ético y ambiental que enfrentan los países consumidores, incluidos Estados Unidos y Europa, en su intento por reducir la dependencia de China.
Cómo funciona la extracción y su impacto
El método de extracción predominante en el norte de Myanmar, particularmente en los estados de Kachin y Shan, es la lixiviación in situ. Este proceso implica la inyección de soluciones ácidas directamente en las montañas para disolver los minerales de tierras raras, que luego son recogidos como una suspensión líquida. Aunque es relativamente económico y menos intensivo en infraestructura que la minería a cielo abierto, es extraordinariamente destructivo. La lixiviación in situ genera enormes volúmenes de residuos tóxicos. Estos subproductos contaminan gravemente las vías fluviales y los suelos con una mezcla peligrosa de metales pesados, amoníaco e incluso elementos radiactivos que se encuentran naturalmente junto con las tierras raras.
Las consecuencias para las comunidades locales son catastróficas. Los agricultores ven sus tierras arruinadas y sus medios de vida destruidos. La deforestación masiva agrava la erosión y la pérdida de biodiversidad. Lo más alarmante son los impactos directos en la salud humana: las poblaciones cercanas a las minas reportan altas tasas de abortos espontáneos, enfermedades respiratorias y problemas gastrointestinales, directamente vinculados a la exposición a las sustancias tóxicas. Según datos de la investigación, más del 96% de los hogares en el municipio de Chipwi, una de las zonas más afectadas, carecen de acceso a agua potable limpia debido a esta contaminación. China, siendo el principal comprador, ha visto sus importaciones de tierras raras de Myanmar aumentar de 19.500 toneladas en 2021 a 41.700 toneladas en 2023, según datos citados en la investigación. A pesar de los esfuerzos de Beijing por regular su propia industria minera, la implacable demanda global ha trasladado la carga ambiental y social a las fronteras de Myanmar, creando una paradoja cruel: los minerales que impulsan un futuro de energía limpia están devastando vidas y ecosistemas en el presente.
Qué cambia para los profesionales tech y la cadena de suministro global
Para los profesionales de la tecnología y las industrias que dependen de los minerales críticos, la situación en Myanmar introduce una capa de complejidad y responsabilidad ineludible. La presión para desvincularse de cadenas de suministro éticamente comprometidas y geográficamente concentradas —China ha dominado históricamente este mercado— es cada vez mayor. Esto ha llevado a una reevaluación global de las fuentes de minerales críticos, con un enfoque renovado en la diversificación y la sostenibilidad. Aquí es donde América Latina emerge como un actor potencialmente crucial.
La región latinoamericana posee un vasto potencial en minerales críticos, incluyendo depósitos significativos de tierras raras en países como Brasil, Chile, Perú y Argentina. La oportunidad es clara: ofrecer una alternativa viable y, crucialmente, más sostenible que las fuentes ilícitas. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. La región debe aprender de los errores de otras geografías, como Myanmar, y evitar replicar patrones de explotación ambiental y social. Expertos y organizaciones de la sociedad civil han criticado proyectos de ley como el PL 2.780/2024 en Brasil, destinado a una política nacional de minerales críticos, por carecer de suficientes salvaguardias socioambientales y de consulta previa obligatoria a las comunidades indígenas y locales. Esto destaca la necesidad de un marco regulatorio robusto y una implementación estricta para garantizar que el desarrollo minero beneficie a la región sin comprometer su capital natural y social.
Empresas ya están moviéndose en la región. Serra Verde en Brasil, por ejemplo, inauguró la mina Pela Ema en 2024, proyectando producir 6.500 toneladas anuales de elementos de tierras raras para imanes para 2027, con un préstamo significativo de la U.S. International Development Finance Corporation. Aclara Resources está desarrollando depósitos de arcillas iónicas en Brasil (proyecto Carina) y Chile (proyecto Penco, con una inversión de $130 millones), apuntando a iniciar producción en 2028. Estas iniciativas son vistas por el CEO de Aclara, Ramón Barúa Costa, como una
