Cómo funciona la tecnología ALPR de Flock Safety
La tecnología ALPR de Flock Safety se basa en una red de cámaras de alta resolución instaladas estratégicamente en postes, semáforos o edificios en miles de comunidades. Estas cámaras capturan imágenes de vehículos que pasan, identificando y registrando sus matrículas, fecha, hora y ubicación. Según datos de julio de 2026, Flock Safety opera en más de 6,000 comunidades en 49 estados de EE. UU., con una red que supera las 120,000 cámaras y realiza más de 20 mil millones de escaneos de vehículos mensualmente. Esta vasta infraestructura crea un historial detallado de los movimientos de los vehículos, accesible a las fuerzas del orden a través de un portal centralizado.
Cuando un oficial necesita buscar información sobre un vehículo, puede ingresar una matrícula en el sistema de Flock y acceder a su historial de ubicaciones. La compañía afirma que su tecnología es una herramienta efectiva para la seguridad pública. Por ejemplo, en 2025, Flock Safety apoyó más de 1 millón de investigaciones criminales y se estima que estuvo involucrada en el 20% de los casos resueltos en jurisdicciones que utilizan su sistema. También ayudó a localizar a más de 10,000 personas desaparecidas el mismo año, y casi el 40% de sus clientes reportan que la tecnología contribuyó a recuperar al menos la mitad de los vehículos robados en su área. Sin embargo, estas afirmaciones son objeto de escrutinio. La investigación adicional revela que se realizan más de 100,000 búsquedas sin orden judicial en el sistema Flock cada mes, lo que subraya la naturaleza invasiva del sistema. Además, auditorías policiales internas e independientes han sugerido que menos del 1% de los "hits" de datos brutos conducen a una acción policial real, y en un caso específico, un análisis mostró que el 71% de las alertas de vehículos robados o utilizados en delitos graves resultaron ser identificaciones incorrectas, lo que plantea serias dudas sobre su eficacia y precisión. Recientemente, Flock Safety ha reducido su política de retención de datos estándar de 30 días a una semana, con una opción de "Modo Evidencia" para casos específicos, un cambio que activistas de privacidad, como la ACLU, han calificado como un "intento de relaciones públicas apenas velado" para mitigar las crecientes críticas.
Qué cambia para los profesionales tech en Latinoamérica
Aunque Flock Safety no tiene una presencia masiva y documentada en Latinoamérica, el fallo de la jueza Hill tiene repercusiones significativas para los profesionales tech de la región. En primer lugar, subraya la importancia de la ética en el desarrollo y la implementación de tecnologías de vigilancia. Para ingenieros de software, desarrolladores de sistemas de IA y especialistas en infraestructura, la decisión resalta la necesidad de incorporar principios de privacidad desde el diseño (privacy-by-design) y asegurar que las soluciones tecnológicas no solo sean funcionales, sino también legal y éticamente sólidas. El desarrollo de sistemas ALPR o cualquier tecnología de monitoreo debe considerar cómo se recopilan, almacenan y acceden a los datos, y cómo estos procesos pueden ser auditados para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.
En segundo lugar, el contexto legal de Latinoamérica, aunque varía por país, muestra una tendencia hacia la protección de datos personales. Países como Chile han modernizado su legislación para incluir principios de tratamiento responsable y transparente de datos biométricos, exigiendo un propósito específico y minimización de datos. Sin embargo, en otros como Paraguay, la falta de una regulación específica para datos biométricos, evidenciada por una filtración de una base de datos policial en 2023, destaca la vulnerabilidad. Profesionales tech que trabajan con gobiernos o empresas en la implementación de sistemas de vigilancia deben estar al tanto de estas normativas y las implicaciones de su evolución. El caso de Flock Safety sirve como un llamado de atención para anticipar debates legales similares en la región, donde la adopción de sistemas como "Smart Sampa" en São Paulo, Brasil, el sistema de monitoreo callejero más grande de América Latina, ya ha generado preocupación por la privacidad, aunque su aceptación sea alta debido a las tasas de criminalidad. Las empresas de seguridad y tecnología en Latinoamérica deberán evaluar cómo esta decisión en EE. UU. podría influir en las futuras políticas públicas y la opinión de los consumidores, exigiendo una mayor transparencia y rendición de cuentas en sus operaciones.
Qué viene después: el futuro de la vigilancia y la privacidad
La decisión de la jueza Hill es solo el inicio de una batalla legal y política más amplia. Flock Safety ha declarado que espera que el fallo sea "apelado y finalmente revocado", argumentando que va en contra de la autoridad predominante en casos similares y que el fallo se limita a los hechos específicos del caso, sin sentar un precedente vinculante a nivel nacional. Sin embargo, la apelación seguramente mantendrá el debate candente en los tribunales superiores.
Paralelamente, el ámbito legislativo en Estados Unidos ya está reaccionando. Varios senadores, incluyendo Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Jeff Merkley, introdujeron la "Ley Ban Flock" el 2 de octubre de 2026, buscando restringir el uso de ALPRs por agencias federales. Sanders afirmó que Flock está "eviscerando la noción misma de privacidad", lo que indica una creciente presión política para regular estas tecnologías a nivel federal. Este movimiento legislativo, independientemente de su éxito, envía una señal clara sobre las preocupaciones de los legisladores respecto a la vigilancia masiva.
Expertos legales, como el profesor Andrew Guthrie Ferguson, señalan que el caso es notable porque trata la tecnología no como una "cámara sofisticada", sino como un "sistema de seguimiento" integral, lo que altera fundamentalmente el análisis de la Cuarta Enmienda. Esta perspectiva podría influir en futuras decisiones judiciales. Activistas de privacidad, como la American Civil Liberties Union (ACLU), que han sido críticos constantes de Flock Safety, la califican como una "amenaza a las libertades civiles" y "vigilancia masiva", denunciando mal uso policial y errores de identificación. Incluso ex-empleados, como Jonathan Paz, ahora trabajan para oponerse a la compañía, argumentando que sus afirmaciones sobre la resolución de crímenes son engañosas y que su propósito principal es la vigilancia pública.
En el futuro, la tensión entre seguridad pública y derechos de privacidad se intensificará. La necesidad de herramientas efectivas para combatir el crimen chocará con el imperativo de proteger las libertades individuales. Académicos como Thaddeus Miller proponen el uso de "mapeo de valor público" para que las comunidades evalúen objetivamente los beneficios de seguridad frente a las preocupaciones de privacidad al adoptar nuevas tecnologías. Los profesionales tech, los legisladores y la sociedad civil deberán trabajar juntos para establecer marcos regulatorios y éticos que permitan la innovación sin comprometer los pilares de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos. El caso de Flock Safety es un recordatorio de que la tecnología, sin una supervisión adecuada, puede fácilmente erosionar las protecciones que consideramos fundamentales.
