La relevancia actual de este problema radica en la diferencia abismal de depreciación frente a los vehículos de combustión interna (ICE). Mientras que un vehículo ICE promedio pierde entre un 42% y un 46% de su valor en cinco años, los coches eléctricos se desvalorizan, en promedio, entre el 57% y el 59% en el mismo periodo. Un estudio conjunto de la OCU y asociaciones europeas de consumidores lo corroboró, revelando que un VE de tres años y 45.000 kilómetros puede perder hasta el 50% de su valor original. En contraste, un híbrido enchufable pierde el 39%, un diésel el 36% y un gasolina el 33% en las mismas condiciones.
La situación es aún más dramática para los vehículos de origen chino, que están inundando los mercados globales y regionales. En Alemania, por ejemplo, los VE e híbridos enchufables de marcas chinas conservaban el 61% de su valor a principios de 2024, una cifra que, según las proyecciones, caerá al 47% en abril de 2026. Esta pérdida de casi 14 puntos porcentuales en poco más de un año duplica la corrección promedio del mercado de electrificados. La combinación de una rápida renovación de gamas, la feroz competencia y el avance tecnológico acelerado contribuyen a que un VE chino de tan solo tres años sea percibido como "muy viejo" en un abrir y cerrar de ojos, con las consecuencias financieras que ello implica para sus propietarios.
Cómo funciona la "ansiedad por la batería" en el mercado de usados
Contrario a la percepción popular, la "ansiedad por la batería" que alimenta la depreciación no se basa principalmente en una degradación real catastrófica. De hecho, los estudios demuestran que las baterías modernas de VE son sorprendentemente robustas. La mayoría de ellas tienen una vida útil que oscila entre 8 y 15 años, y a menudo superan las 200.000 millas (aproximadamente 320.000 kilómetros) sin problemas mayores. Un análisis exhaustivo de Aviloo, basado en más de 500.000 diagnósticos, revela que los VE conservan, en promedio, el 90% de su capacidad útil incluso después de 150.000 kilómetros, con algunas diferencias notables entre modelos, llegando algunos a retener hasta el 94%.
El problema reside más bien en la falta de confianza del comprador de segunda mano y la incertidumbre sobre el estado real de la batería de un VE usado. Esta percepción de riesgo es lo que frena el mercado, haciendo que los VE usados se vendan con mayor dificultad y a precios más bajos. Para combatir esto, China ha implementado el estándar nacional GB/T 46991.1-2025, que establece directrices claras para la salud de la batería: la desviación entre la salud mostrada y la medida no debe exceder el 5%, y se definen niveles de durabilidad, como que una batería de 100 kWh debe retener al menos 82 kWh después de cinco años y 100.000 kilómetros. Medidas como estas buscan generar transparencia y confianza.
Sin embargo, la rápida evolución tecnológica juega un papel crucial. Los modelos de VE lanzados hoy ofrecen autonomías significativamente mayores, tiempos de carga más rápidos y características avanzadas que los modelos de hace apenas unos años. Esta constante innovación hace que los VE más antiguos se vean rápidamente superados, impactando su valor residual. Ricardo Suárez, un experto en el mercado de vehículos usados en Colombia, estima que un VE, especialmente los de origen chino, puede ver una caída de su precio entre un 30% y un 40% en el momento de la matrícula. Esto se debe precisamente a que las constantes mejoras tecnológicas hacen que los modelos anteriores se perciban como rápidamente obsoletos.
Además, existen preocupaciones más profundas. Robert Zeng, presidente de CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, ha alertado sobre ciclos de desarrollo y validación de vehículos más cortos en China. Esto podría, según Zeng, llevar a fallas generalizadas de baterías y preocupaciones de seguridad en marcas destacadas como GAC, Geely y BYD, citando tolerancias de defectos que considera demasiado laxas. Esta advertencia de un líder de la industria subraya que, aunque las baterías en general son robustas, la presión del mercado y los ciclos de producción acelerados pueden introducir riesgos específicos que erosionan la confianza del consumidor y, por ende, el valor.
Qué cambia para los profesionales tech y la industria automotriz en Latinoamérica
La adopción de la electromovilidad en Latinoamérica es una realidad innegable y en aceleración. Países como Brasil, México, Chile y Colombia están liderando esta transformación, impulsados por una combinación de incentivos fiscales, marcos regulatorios favorables, la creciente presencia de fabricantes chinos y una mayor conciencia ambiental. Las proyecciones indican que la región podría superar el millón de vehículos electrificados ligeros en circulación durante 2026. Cifras concretas refuerzan esta tendencia: Chile, por ejemplo, vendió 35.443 vehículos de nuevas energías en 2025, lo que representa un aumento del 85.6% respecto al año anterior, con los VE puros acaparando alrededor del 6% del mercado nacional. Colombia, por su parte, registró un récord de 5.083 unidades 100% eléctricas vendidas en marzo de 2026, y en 2025 promulgó la Ley 2486 para regular y promover el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.
Este panorama de crecimiento vertiginoso, sin embargo, se enfrenta a desafíos estructurales significativos. La expansión de la infraestructura de carga, tanto pública como doméstica, sigue siendo una asignatura pendiente. Asimismo, la falta de información clara y estandarizada genera incertidumbre en los usuarios, lo cual es precisamente el caldo de cultivo para la "ansiedad por la batería" y, en última instancia, la depreciación. La necesidad de políticas públicas más maduras e incentivos adecuados para escalar la adopción es crítica.
Para los profesionales tech y la industria automotriz en Latinoamérica, la depreciación acelerada de los VE, especialmente de marcas chinas, introduce un factor de riesgo considerable. Las empresas que gestionan flotas de vehículos, los concesionarios y las instituciones financieras que otorgan créditos para la compra de VE deben recalibrar sus modelos de valor residual. La percepción de que un VE pierde valor rápidamente puede disuadir a potenciales compradores y a inversores, impactando el ritmo de la transición eléctrica. Aquí surge una oportunidad para los proveedores de servicios tecnológicos: el desarrollo y la implementación de sistemas de certificación independiente de la salud de las baterías. Un informe confiable que valide el estado de la batería puede transformar la mayor preocupación del mercado en un punto de venta clave, devolviendo la confianza y, con ella, la estabilidad al valor de reventa.
Esta situación plantea una paradoja: mientras la alta depreciación es una "mala noticia" para los vendedores y propietarios iniciales, se convierte en una "buena noticia" para los compradores de segunda mano. Estos últimos pueden encontrar "auténticas gangas" en el mercado, siempre y cuando estén dispuestos a asumir el riesgo o, mejor aún, cuenten con la información y las garantías adecuadas sobre la salud de la batería. El desafío es equilibrar estos intereses para construir un mercado de VE usados robusto y transparente que beneficie a todos los actores.
Qué viene después para el mercado global y regional
Mirando hacia el futuro, el mercado de vehículos eléctricos se encuentra en una encrucijada crucial donde la innovación tecnológica y la percepción del consumidor deben alinearse para sostener su crecimiento. La tendencia de mejora continua en autonomías, tiempos de carga y eficiencia energética no se detendrá. Esto significa que los nuevos modelos seguirán superando a los anteriores, ejerciendo una presión constante a la baja sobre el valor de reventa de los VE usados. Sin embargo, el rol de la certificación independiente del estado de la batería será fundamental para estabilizar este segmento. La estandarización de estos diagnósticos, como ya se observa con el estándar chino GB/T 46991.1-2025, será clave para infundir confianza en los compradores y permitir que los valores residuales reflejen la vida útil real y remanente de las baterías, en lugar de un miedo infundado.
Desde el punto de vista político y regulatorio, los gobiernos de Latinoamérica y de otras regiones deberán evolucionar sus marcos de incentivos y normativas. No bastará con fomentar la compra de VE nuevos; será imperativo crear un entorno que apoye un mercado secundario saludable. Esto podría incluir programas de garantía extendida para baterías por parte de los fabricantes, políticas de reciclaje y reutilización de baterías que reduzcan la huella ambiental y el costo, o incluso esquemas de recompra garantizada que aseguren un valor residual mínimo a los primeros compradores. La transparencia en los datos de la batería, accesible a través de sistemas estándar, será un pilar para el desarrollo de seguros especializados y productos financieros más adecuados para los VE.
Para los profesionales tech, la oportunidad radica en el desarrollo de soluciones de software y hardware que faciliten el monitoreo y la certificación de la salud de la batería, así como plataformas de mercado más inteligentes que integren esta información. La industria automotriz, tanto los fabricantes tradicionales como los nuevos jugadores, especialmente los de origen chino, deberán adaptar sus estrategias de garantía y servicio postventa para abordar directamente la "ansiedad por la batería". La capacidad de ofrecer tranquilidad sobre la durabilidad y el rendimiento de la batería se convertirá en un diferenciador competitivo crucial, no solo en la venta inicial sino en la retención del valor a largo plazo.
El éxito a largo plazo de la electromovilidad en Latinoamérica dependerá de la capacidad de la región para aprender de experiencias como la de China. Gestionar eficazmente la depreciación de los VE y construir la confianza del consumidor en la vida útil de las baterías es esencial para que la "buena noticia" de las "gangas" en el mercado de segunda mano no se convierta en la "mala noticia" de una inversión de alto riesgo para los primeros adoptantes. La observación de cómo los mercados occidentales reaccionan y adaptan sus políticas ante este desafío será una hoja de ruta importante para la región, asegurando que la transición energética sea económicamente viable y sostenible para todos los involucrados.
