Cómo funciona (o debería funcionar) la regulación
El camino hacia la regulación de las EAT en Chile ha sido sinuoso. Tras la promulgación de la Ley en abril de 2023, el reglamento original fue aprobado por la Contraloría el 7 de abril de 2025. Sin embargo, este reglamento generó una fuerte alarma debido a sus requisitos restrictivos. El Ministerio de Transportes calculó que esa versión habría dejado fuera a más de 200.000 conductores, lo que equivaldría a un aumento de un punto porcentual en la tasa de desempleo. Frente a este escenario, el 4 de abril de 2026, el Ministerio anunció modificaciones para buscar una versión más flexible, la cual ingresó a Contraloría el 28 de abril de 2026 y ya ha sido aprobada.
Las flexibilizaciones son significativas. Originalmente, se contemplaban requisitos de cilindrada mínima (1.4 litros) y una antigüedad vehicular muy estricta (máximo 1 año para la primera inscripción, 3 para el reemplazo y operar hasta 12 años). Estos puntos fueron eliminados o flexibilizados en el nuevo reglamento. Ahora, se permitirá la inscripción de autos con hasta cinco años de antigüedad, y hasta diez años durante los primeros seis meses de vigencia del registro. Los conductores, por su parte, deberán contar con licencia profesional Clase A2. Para facilitar la transición, se otorgará un plazo de 12 meses para obtenerla, cuyo costo se estima entre $200.000 y $300.000 CLP. Además, cada conductor podrá inscribir hasta dos vehículos en el Registro Nacional de EAT.
Las sanciones por incumplimiento serán considerables, incluyendo multas de 3 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), que podrían duplicarse por reincidencia, suspensión de la licencia por seis meses y retiro del vehículo por un mínimo de 15 días. Sin embargo, la ley solo entrará en vigor 30 días después de que su reglamento sea publicado en el Diario Oficial y, crucialmente, una vez que la plataforma tecnológica del Registro Nacional de EAT esté operativa. Un contrato para la implementación de esta plataforma fue cancelado, lo que ha obligado a reiniciar el proceso "desde cero", generando un considerable retraso y una gran incertidumbre sobre la plena aplicación de la ley.
Qué cambia para los profesionales tech (y la economía digital)
Para los miles de profesionales que operan a través de aplicaciones de transporte en Chile, los cambios son sustanciales. El requisito de la licencia profesional Clase A2 representa una barrera de entrada y un costo importante, aunque el plazo de 12 meses busca mitigar el impacto inmediato. La flexibilización de la antigüedad vehicular es una victoria para muchos, ya que un estudio de la Universidad Católica de mayo de 2026 advirtió que una implementación restrictiva inicial habría dejado fuera al 35% de los conductores actuales solo por este criterio, llegando a un alarmante 83% en regiones extremas como Arica y Parinacota.
Para las propias Empresas de Aplicaciones de Transporte, como Uber, DiDi, Cabify e InDrive, la ley implica un nuevo marco de operación y mayores exigencias de cumplimiento. La protección de datos y la ciberseguridad se vuelven puntos críticos, como señaló Marcela Sabat, Directora Ejecutiva de Alianza In. Adicionalmente, la incertidumbre generada por los retrasos en la plataforma de registro es un desafío operativo y de planificación. El gremio de taxistas, por su parte, critica la flexibilización, argumentando que se trata de una "desregulación encubierta" que acentúa la competencia desigual con el transporte formal, según Eduardo Castillo, presidente de taxis colectivos.
En un contexto regional, la regulación de las apps de transporte es un tema candente. Mientras Chile busca un equilibrio, otros países latinoamericanos como Colombia, Costa Rica y Panamá han debatido o implementado normativas con diversos grados de restricción. Un aspecto central en toda la región es la preocupación por la seguridad social de los trabajadores de plataformas, buscando evitar la informalidad y la desprotección a largo plazo. En Chile, la Ley 21.431 de 2022 ya establece un marco para los trabajadores de plataformas, reconociéndolas como intermediarias sin grandes obligaciones laborales para los colaboradores independientes, lo que añade otra capa de complejidad a la Ley EAT.
Qué viene después: Incertidumbre y desafíos en el horizonte
El futuro inmediato de la Ley EAT en Chile está marcado por la incertidumbre. La ley no puede entrar en plena vigencia sin la publicación del reglamento modificado en el Diario Oficial y, más importante aún, sin una plataforma tecnológica funcional para el registro de conductores y vehículos. El reinicio del proceso de implementación de esta plataforma implica que el reloj ha vuelto a cero, extendiendo el período de limbo para todos los actores.
La principal preocupación de los conductores, expresada por Fabían Constanzo del Sindicato de Conductores de Aplicaciones, es un posible "apagón" del servicio. Si la plataforma no está lista y la ley entra en vigor, miles de conductores podrían operar en la ilegalidad, exponiéndose a multas severas y al retiro de sus vehículos. Los expertos, como el ex Automóvil Club, Alberto Escobar, y el especialista en datos Claudio Magliona, también han señalado los desafíos en la obtención masiva de licencias profesionales y los riesgos potenciales para la privacidad de los datos con el nuevo registro.
El gobierno, a través del ministro Juan Carlos Muñoz, ha celebrado la aprobación del reglamento por Contraloría, destacando el diálogo como clave para alcanzar una normativa más realista. Sin embargo, la tarea pendiente es enorme: garantizar que la infraestructura tecnológica acompañe el proceso regulatorio para que la Ley EAT cumpla su objetivo de ordenar el sector sin asfixiar la economía colaborativa ni perjudicar a los miles de chilenos que dependen de estas aplicaciones para su sustento o transporte. La mirada ahora está puesta en el Ministerio de Transportes y en el cronograma para la puesta en marcha efectiva del registro nacional.
