Desde el 10 de noviembre de 2026, Nueva York abrió un portal de registro obligatorio para estas empresas, señalando directamente a gigantes como OpenAI y Anthropic. Esta iniciativa coloca a Nueva York en una posición de liderazgo, comparable pero con especificidades distintas a otras legislaciones estatales como la SB 53 de California, que otorga 15 días para el reporte de incidentes, o la SB 315 de Illinois, que también establece un plazo de 72 horas. La urgencia de esta medida subraya una creciente preocupación por el rápido e incontrolado avance de la IA y la necesidad de establecer responsabilidades claras para las corporaciones que la desarrollan.
La Ley RAISE: Requisitos, plazos y multas millonarias
La RAISE Act no es una normativa ligera; sus exigencias son detalladas y sus sanciones, considerables. La ley aplica a empresas con ingresos anuales superiores a 500 millones de dólares que entrenen modelos con más de 10^26 operaciones computacionales, un umbral que claramente apunta a los actores más grandes y sofisticados del ecosistema de la IA.
El requisito central es la notificación obligatoria y expedita de incidentes críticos de seguridad. Las empresas deben informar al Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York en un plazo máximo de 72 horas desde que se determina o se cree que ha ocurrido un incidente. Este plazo se reduce drásticamente a 24 horas si el incidente representa un riesgo inminente de muerte o lesiones físicas graves. La definición de un 'incidente crítico de seguridad' es precisa y abarca desde el acceso no autorizado a los pesos del modelo que cause muerte o lesiones graves, hasta la materialización de un riesgo catastrófico, la pérdida de control del modelo o el uso de técnicas engañosas por parte de la IA que aumenten el riesgo catastrófico.
Además del reporte de incidentes, la RAISE Act impone otras obligaciones sustanciales. Las empresas deben publicar en sus sitios web un marco de seguridad que detalle cómo identifican y gestionan los riesgos, y cómo protegen sus modelos. También se les exige la emisión de informes de transparencia de los modelos y la presentación de evaluaciones trimestrales de riesgos catastróficos derivados del uso interno de sus sistemas. El incumplimiento de estas normativas puede resultar en multas de hasta 1 millón de dólares por una primera infracción y de hasta 3 millones de dólares por infracciones subsiguientes, dejando claro que el estado no escatimará en hacer cumplir la ley.
La aplicación y supervisión de la ley recaen en la nueva Oficina de Innovación Digital, Gobernanza, Integridad y Confianza (DIGIT), creada dentro del Departamento de Servicios Financieros del estado. Para fortalecer la capacidad de evaluación independiente, se lanzó el Centro de Investigación y Responsabilidad de IA de Nueva York en la Universidad de Binghamton, con una inversión de 55 millones de dólares.
El pulso de los líderes de la IA y los legisladores
La implementación de la RAISE Act ha generado diversas reacciones entre los principales actores de la industria y la política. Sam Altman, CEO de OpenAI, ha mantenido una postura que, si bien reconoce los riesgos de la IA, enfatiza que sus beneficios superan las posibles desventajas. Altman ha expresado que es inevitable que "algunas cosas malas ocurrirán" en el camino hacia el aprovechamiento pleno de la tecnología, aunque también ha mostrado apoyo a legislaciones que van más allá de la RAISE Act, como la de Illinois, que exige auditorías de terceros independientes.
Por otro lado, Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha adoptado una postura más cautelosa, alertando sobre la peligrosidad inherente de los modelos avanzados de IA. Amodei ha defendido la necesidad imperativa de regular y someter a pruebas independientes estos sistemas antes de su lanzamiento, llegando a advertir que la IA podría "tomar el control de Internet en menos de un año" si no se toman las precauciones necesarias.
En el ámbito legislativo, el senador Andrew Gounardes, co-patrocinador de la RAISE Act, ha sido contundente al afirmar que es momento de "frenar la carrera armamentista de la IA" y que no se puede confiar en la autorregulación de las grandes empresas tecnológicas. Gounardes considera la RAISE Act como el "mínimo indispensable" para abordar los riesgos severos. Sin embargo, no todos los legisladores comparten el mismo enfoque. La asambleísta Gonzalez, también co-patrocinadora de la RAISE Act, ha manifestado una mayor preocupación por el impacto de la IA en los costos, la red eléctrica y la salud mental, argumentando que las "amenazas existenciales" pueden desviar la atención de problemas más inmediatos y tangibles.
Expertos en políticas de IA, como Ben Snyder, director de políticas estatales en Encode AI, han aplaudido propuestas como la RAISE Act 2.0, señalando que el ritmo de desarrollo de la IA supera con creces las medidas de seguridad y que la ausencia de una política federal coherente ha empujado a los estados a asumir un rol regulatorio.
América Latina: Un mosaico regulatorio ante el avance global
Mientras Nueva York avanza con regulaciones específicas y de alto impacto, el panorama en América Latina respecto a la regulación de la inteligencia artificial es significativamente más heterogéneo y se encuentra en diversas etapas de desarrollo. No existe un enfoque unificado, y cada país avanza a su propio ritmo, influenciado por su contexto político, económico y tecnológico.
Brasil se destaca como el país con el proyecto de ley más avanzado de la región, el PL 2338/2023. Esta iniciativa está inspirada en el Reglamento Europeo de IA y adopta un enfoque basado en niveles de riesgo. Fue aprobado por el Senado en diciembre de 2024 y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, marcando un paso firme hacia una regulación integral.
Perú también ha mostrado un progreso notable con la Ley 31814 de 2023, de promoción de la IA, cuyo reglamento fue aprobado en 2025. Esta normativa también incluye un enfoque basado en riesgos y enfatiza la importancia de la supervisión humana en el desarrollo y aplicación de sistemas de IA.
Chile cuenta con un proyecto de ley, igualmente basado en riesgos, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2025 y ahora está siendo discutido en el Senado. Estos tres países demuestran un compromiso explícito con la creación de marcos legales que aborden los desafíos de la IA de manera proactiva.
En contraste, Colombia, México y Argentina, si bien han lanzado diversas iniciativas y políticas nacionales relacionadas con la IA, aún no cuentan con una ley de inteligencia artificial integral y específica. Sus regulaciones existentes en la materia se apoyan principalmente en leyes de protección de datos personales, lo que genera un vacío en la gobernanza de aspectos más amplios y complejos de la IA.
Por su parte, Uruguay se ha distinguido por ser el primer país de la región en firmar el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA, lo que demuestra su interés en armonizar sus políticas con estándares internacionales de ética y derechos humanos en el ámbito de la IA.
Adopción de IA en la región: Oportunidades y desafíos pendientes
El interés por la IA en América Latina es innegable. Aproximadamente el 40% de las organizaciones en la región ya utiliza alguna forma de inteligencia artificial, y un impresionante 68% planea expandir su uso en los próximos 12 meses. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2026, el 31% de las empresas latinoamericanas tienen proyectos de IA activos, con una inversión anual regional que ronda los 791 millones de dólares. Este entusiasmo se concentra principalmente en las grandes empresas (más de 500 empleados), donde la adopción alcanza el 54%, mientras que en las pequeñas empresas apenas llega al 12%.
Sin embargo, la región enfrenta barreras significativas. La falta de talento especializado es un obstáculo para el 68% de las organizaciones, y el costo inicial de implementación sigue siendo una preocupación importante. Más alarmante es el dato de que el 75% de las organizaciones en América Latina ha frenado iniciativas de IA debido a preocupaciones sobre seguridad y cumplimiento normativo. Esto se ve agravado por la escasez de marcos de gobernanza; solo el 18% de las empresas latinoamericanas tiene un marco formal de gobernanza de IA y apenas el 17% cuenta con políticas de uso para sus empleados.
La Ley RAISE de Nueva York, aunque directamente aplicable a los grandes desarrolladores de IA 'de frontera' que operan en su jurisdicción, tendrá un impacto indirecto pero considerable en las empresas latinoamericanas. Aquellas que utilizan los modelos de OpenAI o Anthropic, o que forman parte de sus cadenas de suministro globales, deberán adaptarse a los nuevos estándares de transparencia y seguridad. Las empresas en Latinoamérica que ya cumplen con regulaciones internacionales más estrictas, como el AI Act de la Unión Europea, estarán mejor preparadas para un entorno regulatorio global cada vez más exigente. La normativa neoyorquina no solo establece un precedente en la rendición de cuentas, sino que también ejerce presión para que otras jurisdicciones y, por ende, las empresas que operan a nivel global, eleven sus propios estándares de seguridad y gobernanza en IA. La convergencia hacia marcos regulatorios más robustos es una tendencia global que América Latina no puede ignorar, especialmente con el crecimiento exponencial de la adopción de IA en la región y la necesidad de proteger tanto a los consumidores como a las infraestructuras críticas.
