La relevancia de esta decisión radica en su impacto directo sobre los profesionales tech y cualquier persona que haya incursionado en el ecosistema cripto. Hasta ahora, la legislación peruana carecía de un marco tributario específico para las ganancias obtenidas de la compraventa de criptomonedas. Esta ausencia normativa generaba un vacío legal y una percepción de impunidad para algunos actores. Sin embargo, el reciente fallo del Tribunal Fiscal, si bien no define una ley tributaria per se, sí sienta las bases para que la SUNAT exija una mayor transparencia y trazabilidad en el origen de los fondos que ingresan al sistema financiero tradicional desde el mundo cripto. Es un llamado de atención para miles de usuarios, especialmente considerando que, según datos a 2025, el 67% de los adultos peruanos ya posee una cuenta o billetera digital, un aumento notable desde el 42% en 2020. Solo en diciembre de 2025, el país registró 1,255 millones de operaciones a través de billeteras digitales y aplicaciones móviles, una cifra que subraya la magnitud de la economía digital en el país y la urgente necesidad de claridad regulatoria.
Cómo funciona el nuevo escrutinio fiscal sobre criptoactivos
Cuando la SUNAT inicia una fiscalización por incremento patrimonial no justificado, busca que el contribuyente demuestre el origen legítimo de sus bienes o ingresos. Tradicionalmente, esto se lograba con recibos, contratos de trabajo, facturas o declaraciones juradas. Con la creciente popularidad de las criptomonedas, muchos usuarios intentaban justificar grandes depósitos bancarios presentando únicamente los reportes o capturas de pantalla de sus billeteras digitales o exchanges. El Tribunal Fiscal, sin embargo, ha dictaminado que esta documentación es insuficiente.
El meollo del asunto radica en la falta de validación externa y la facilidad con la que estos reportes pueden ser manipulados o no reflejar la totalidad de la trazabilidad. Jesús Ramos, socio de DLA Piper Perú, explica que la SUNAT pone la lupa en la conversión de criptoactivos a moneda fiduciaria (soles o dólares) y la subsiguiente entrada de esos fondos al sistema financiero tradicional. "Es responsabilidad del contribuyente demostrar el origen legítimo de esos recursos", afirma Ramos. Esto implica que ya no basta con mostrar que se vendieron bitcoins por un monto determinado; es necesario probar cómo se adquirieron esos bitcoins, cuál fue su costo inicial, y documentar todo el historial de las transacciones, incluyendo las plataformas utilizadas, las fechas, los montos y las contrapartes, si fuera posible.
El desafío para los usuarios radica en la naturaleza descentralizada y a menudo seudo-anónima de las criptomonedas. Para una justificación robusta, los contribuyentes deberán presentar pruebas más allá del mero reporte de saldo o transacción de un exchange. Esto podría incluir contratos de compra-venta de criptomonedas (si existen), extractos detallados de exchanges que muestren el historial completo de operaciones desde la adquisición inicial, pruebas del origen de los fondos con los que se compraron las criptomonedas (salarios, ahorros, herencias, etc.), y cualquier otra evidencia que respalde la legalidad y el costo de adquisición de los activos digitales. Sin esta justificación exhaustiva, cualquier depósito significativo proveniente de la venta de criptoactivos podría ser considerado como un incremento patrimonial no justificado y, por ende, sujeto a la imposición de impuestos y multas por parte de la SUNAT.
Qué cambia para los profesionales tech y usuarios de criptomonedas
Para los profesionales del sector tecnológico y cualquier inversor en criptomonedas en Perú y, por extensión, en la región, la decisión del Tribunal Fiscal impone una nueva capa de diligencia y responsabilidad. El mensaje es claro: la "fiscalización digital ya está aquí", como advierte el abogado tributarista Edison Tito Peralta. Ya no se puede operar con la misma ligereza o con la expectativa de que las transacciones digitales permanecerán invisibles para las autoridades fiscales.
En primer lugar, la documentación se vuelve crítica. Es imperativo que los usuarios de criptomonedas comiencen a guardar meticulosamente todos los registros de sus operaciones. Esto incluye no solo los reportes generados por los exchanges, sino también capturas de pantalla de cada transacción, correos electrónicos de confirmación, contratos de compra-venta (especialmente si son P2P), y cualquier otra evidencia que pueda demostrar el origen y el historial de los fondos. Además, es fundamental tener una justificación clara del origen del capital inicial utilizado para adquirir las criptomonedas, ya que la SUNAT puede rastrear los fondos hasta su primera aparición en el sistema financiero.
En segundo lugar, se refuerza la necesidad de buscar asesoría legal y tributaria especializada. Ante la ambigüedad regulatoria y la complejidad de las operaciones cripto, un experto puede guiar a los contribuyentes sobre cómo estructurar sus registros y cómo prepararse para una eventual fiscalización. La proactividad es clave: esperar a ser fiscalizado para ordenar la documentación puede resultar en sanciones costosas. Este enfoque preventivo es aún más relevante en un contexto donde la Fiscalía peruana ya ha demostrado capacidad para actuar, logrando incautaciones de USD 142,756 y S/ 12,378 en activos virtuales depositados en plataformas como Binance y Bybit, vinculados a fraudes financieros internacionales. Esto muestra una creciente capacidad de las autoridades para interactuar con el ecosistema cripto y aplicar medidas de control.
Finalmente, este precedente subraya la necesidad de que los profesionales tech en Perú comprendan que, aunque aún no exista una ley específica sobre impuestos a las ganancias de capital en criptomonedas, los ingresos obtenidos de su venta y conversión a moneda fiduciaria ya están bajo el escrutinio de las normas generales de incremento patrimonial y la justificación de fondos. La adopción masiva de tecnologías digitales en Perú, con el 67% de los adultos con una billetera digital y 1,255 millones de operaciones en diciembre de 2025, hace que este tema sea de interés general y no solo para un nicho.
Qué viene después: el futuro de la regulación cripto en Latinoamérica
La decisión del Tribunal Fiscal de Perú es un claro indicativo de una tendencia regional y global: el endurecimiento del escrutinio sobre las operaciones con criptoactivos. Lo que sucede en Perú no es un evento aislado, sino parte de un movimiento más amplio en América Latina hacia la formalización y regulación de este incipiente sector.
En el corto plazo, es probable que la SUNAT en Perú intensifique sus fiscalizaciones y emita nuevas directrices o pronunciamientos para aclarar cómo se aplicarán estos criterios. La presión para una legislación tributaria específica sobre criptomonedas seguramente aumentará, buscando cerrar el vacío legal que aún existe respecto a la imposición de impuestos sobre las ganancias de capital obtenidas directamente de la compraventa.
A nivel latinoamericano, el panorama normativo es aún "incipiente" y "diverso", según expertos como Hernán Piñeiro (CEO de Worldsys) y Andrés Puerta (Director de Gestión de Riesgos de Suramericana). Sin embargo, la región está en una fase acelerada de estudio y desarrollo de marcos regulatorios. Brasil, por ejemplo, es un líder en la adopción global de criptomonedas, ocupando el noveno lugar en 2023, y está avanzando con su moneda digital (Drex). Argentina ya grava las utilidades por compraventa de criptomonedas con un 15% de Impuesto a las Ganancias, sentando un precedente en la región. El Salvador, por su parte, adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, lo que representa el extremo más avanzado de integración cripto.
La principal fuerza impulsora detrás de esta ola regulatoria es la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Gafilat. Estos organismos exigen a los países que implementen medidas robustas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de criptoactivos. No cumplir con estas exigencias puede llevar a un país a la "lista gris", lo que encarece el acceso a créditos internacionales y afecta su reputación financiera. Países como Guatemala, Costa Rica y República Dominicana están bajo esta presión, acelerando sus procesos regulatorios.
Los desafíos son significativos: desde la falta de personal capacitado en las autoridades fiscales y financieras hasta la necesidad de desarrollar tecnologías que permitan la trazabilidad de las transacciones cripto sin comprometer la privacidad. Incluso países como Colombia han emitido advertencias claras, indicando que su Superintendencia Financiera "no supervisa, ni regula, ni vigila, ni avala" transacciones con activos virtuales, dejando en manos de los usuarios la responsabilidad y el riesgo inherente. Lo que sí es evidente es que la tendencia es hacia una mayor supervisión y una menor tolerancia al anonimato en el ecosistema cripto, obligando a los profesionales tech y a los inversores a adaptarse a un entorno cada vez más regulado. La evolución de este marco será crucial para el desarrollo futuro de la economía digital en la región.
